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UTH: refugio de exfuncionarios cuestionados ética y moralmente

TEGUCIGALP,A HONDURAS

Controvertidos personajes y cuestionados exfuncionarios estatales han hallado en la Universidad Tecnológica de Honduras una suerte de refugio donde pueden permanecer alejados del escrutinio público, sin ser juzgados por su pasado en la administración pública.

Y es que este periódico, sin proponérselo, se encontró con dos personajes que han sido fuertemente criticados y que en la actualidad fungen como docentes en el referido centro de estudios superiores; si bien tienen derecho a tener un trabajo y recibir remuneración por ello, pero éticamente están desautorizados porque ayudaron a destruir el inexistente Estado de derecho y más de una vida pusieron -y siguen poniendo- en peligro.

Resulta que estas personas, identificadas como German McNeil, ex subdirector del sistema penitenciario y Sonia Gálvez, esposa de exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar, son catedráticos de derecho en la UTH, tienen un historial que no es satisfactorio para los intereses de la gobernanza e institucionalidad, por lo que pretenden pasar con un bajísimo perfil, en un recinto donde no sean señalados o increpados…pues los alumnos siempre llevan las de perder y si optaran por recriminarles sus conductas, serían sujetos desde sanciones académicas hasta ser expulsados.

En fin, dos imágenes confirman que tanto McNeil como la cónyuge del otrora número dos del Ministerio Público están afanados en la transmisión de conocimientos a los futuros abogados, a sabiendas de que cargan en sus espaldas fuertes señalamientos hasta investigaciones por presunta corrupción y que en el futuro les podría acarrearles requerimientos fiscales.

En esta era de la información, nadie puede estar desinformado o pasar desapercibido que McNeil es sindicado de ser uno de los que profudizó la crisis en los presidios, teniendo como cereza en el pastel la muerte de Magdaleno Meza, el socio del exjefe narco Tony Hernández, ocurrido en octubre de 2019 en la cárcel el Pozo de Ilama y que fue el comienzo de su caída como el todopoderoso subjefe de prisiones.

En su última declaración, luego de ser relevado por Juan Orlando Hernández por un grupo de soldados, justificó la decisión de intervenir los presidios y que era «para bien» de los privados de libertad, a quienes les impuso excesivas restricciones; junto a su colega Rosa Gudiel, se volvieron cómplices de las atrocidades vividas en los penales -que aún prosiguen.

Cabe recordar que la muerte violenta de Meza o Nery Orlando López Sanabria vino a demostrar que ambos tienen una cuota de responsabilidad sobre el crimen y cuya confesión iba a comprometer al ocupante del palacio José Cecilio del Valle.

De hecho, semanas antes de ser ultimado por miembros de una pandilla recluida en uno de los módulos de el Pozo, la víctima había adelantado algunas negociaciones con el Departamento de Justicia de EE.UU. para declarar sobre la narcolibreta y la participación de los hermanos Hernández Alvarado con el narcotráfico.

La forma en la que murió Meza confirmó las investigaciones realizadas por este periódico en mayo de 2019 que su cabeza costaba 10 millones de lempiras ya que tenía demasiada información sobre los enlaces del Ejecutivo con el cártel de los hermanos Valle Valle en el trasiego de toneladas de cocaína rumbo a EE.UU.

Gudiel y McNeil tenían total y completo conocimiento de que la vida del ahora occiso corría peligro dentro del penal y jamás hicieron caso a los reclamos del apoderado Carlos Chajtur, por lo que se convierten en cómplices de la trama que acabó con la existencia de Meza.

Con relación a Gálvez, es necesario rememorar que las fiscalías de Colombia y Costa Rica la investigan junto a su esposo por el movimiento de dinero que habrían recibido en el contexto del megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Es más, Radio Globo y ConfidencialHN lograron comprobar en 2019 que el fiscal general Óscar Chinchilla y la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) decidieron bloquear cualquier intento de auxilio judicial solicitado por ambos países a fin de concluir con las investigaciones y emprender cualquier acción penal. En el fondo, el número uno del Ministerio Público y su ex lugarteniente se deben favores y se guardan cuando son muy necesarios.

En los oficios girados al ente acusador, a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, se pidió en 2017 y 2018 de que se abran los canales de asistencia para poder determinar algunas investigaciones que pudieran dar con los capitales pagados mediante sobornos por un empresario al exfiscal.

La directora de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Ana Fabiola Castro Rivera, pidió al secretario general de Gobernación, Ricardo Alfredo Montes Nájera, a modo que hagan caso a la «solicitud de asistencia del 6 de agosto de 2017, librada dentro de la investigación que se adelante en Honduras contra los señores Rigoberto Cuéllar Cruz y Sonia Inez Gálvez Ferrari».

«Sobre el particular y de conformidad con la solicitud presentada por el doctor Jhony Alexander Gallego Arboleda, Fiscal 25 adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2017», señala la comunicación oficial y añade que «se nos informe si las autoridades de Honduras cuentan con otros datos de identificación de los señores Cuéllar Cruz y Gálvez Ferrari, de los ya reportados como documentos de viaje (diplomáticos y generales) y de sus tarjetas de identidad, con el objeto de continuar con las indagaciones requeridas».

Además, se pudo descubrir que el Ministerio Público costarricense, a través de la causa penal 17-000179-1035-PE del 21 de marzo de 2018, elaborado por Natalia Bolívar Chaves, enviado a la fiscal adjunta de la unidad de relaciones internacionales Laure Monge Cantero, que se gestione la asistencia penal internacional a la Fiscalía General de Honduras para «obtener la información de cuentas bancarias, movimientos, saldos, líneas de crédito, tarjetas y otros productos financieros, era indispensable que aportaren elementos probatorios con sustento para realizar la solicitud del juez penal, véase que dentro del expediente únicamente se cuenta con una solicitud de la fiscalía hondureña, sin mayor documentación que venga a dar un sustento probatorio».

En la petición hecha a Chinchilla, apenas fue respondido con un escueto resumen de los hechos «que generaron la solicitud y nuevamente no se dan los elementos probatorios que habían sido solicitados con antelación y es que incluso en el punto 02, párrafo 4 se menciona que existen denuncias de testigos que los aquí imputados recibieron dinero para no perseguir a las empresas Mofihss y Cosem».

Estimado lector, no es nuestra intención estigmatizar a estas dos personas. No. Pero resulta que esta sucinta relación de hechos los coloca en un sitial nada envidiable; sin embargo, que ambos estén impartiendo sus cátedras de derecho en esa universidad entran en un conflicto hasta ético porque no cuentan con la autoridad moral para recalcar que los principales objetivos del derecho son la seguridad jurídica que «es la garantía dada al individuo de asegurar a su persona, sus bienes y derechos, para que no sean objeto de ataques violentos y en el caso de que se produzcan, la sociedad les dé protección y reparación».

Tampoco pueden explicar desde una posición ética que otra finalidad del derecho es «la justicia…que es dar a cada quien lo que le corresponde; la aplicación de esta exige que, situaciones similares sean tratadas de igual forma; esta función correctiva del derecho, es comandada por un Juez. Ulpiano, jurista romano, definió a la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo».

Estos dos personajes, si bien pisaron en su momento los tribunales para litigar a favor de sus clientes, pero en la docencia -sumado a sus antecedentes- no incidirá de manera positiva en la formación académica de los alumnos de derecho de esa universidad.

Asimismo, se debe incluir a Cuéllar, quien es coordinador de una de las áreas especialiazadas de derecho, dan lugar a que el establecimiento pueda ser visto con recelo por aquellos que se refugian en esta noble y peligrosa carrera como una convicción por defender el Estado de derecho.

No debe resultar extraño los comentarios, entre dientes apretados de los estudiantes, quienes deben tolerar ese prontuario so pena de que sean expulsados y lleguen a conocer la verdadera personalidad de sus catedráticos. Al fin y al cabo, lograr un título, termina valiendo cualquier censura y humillación para obtener sus propósitos.

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