Valientes

(Por Edmundo Orellana) Lo son y en un grado muy alto, en las circunstancias actuales, los postulantes a titulares del MP.

Son conscientes de que, de ser incluidos en la lista que se enviará al Congreso, los diputados, particularmente los sospechosos de cometer actos de corrupción, investigados o procesados, exigirán de ellos, como condición para votarlos, la garantía de la impunidad.

Es cierto que no se permite que quien ejerza una función pública, participe en un proceso de decisión en el que tenga un interés personal. Por eso, en determinados supuestos, a los funcionarios administrativos y judiciales, se les prohíbe participar en el proceso de toma de decisiones cuando no se garantice la objetividad e imparcialidad. Cuando se plantea un conflicto de intereses en el decisor, lo correcto es que este se retire, excusándose de conocer, o sea retirado del proceso de decisión, mediante la recusación para garantizar que la decisión no esté motivada por razones extrañas al interés público o reñida con este. De no existir estos recaudos, el funcionario podría, fácilmente favorecer intereses extraños o contrarios al servicio público.

Esta es la circunstancia en que se encuentran los diputados sospechosos de cometer actos de corrupción, sea que tengan investigaciones en curso o estén acusados criminalmente en los tribunales. La Ley Orgánica del Poder Legislativo, siguiendo aquel principio, prohíbe a los diputados participar en aquellos asuntos que tengan un interés directo. Por consiguiente, los diputados que se encuentran en esta situación no deben participar en la votación de los titulares del MP.

Esta norma es aplicable, sin problema alguno a los diputados procesados. Se sabe quienes son y, en consecuencia, bastaría que el diputado-presidente los excluya de ese proceso de votación. ¿Pero cómo se excluyen de este proceso los diputados que están siendo investigados, si no se sabe quiénes son?

No hay duda de que la situación se agravará. Porque el MP ha demostrado su firme decisión de desafiar la tristemente célebre sentencia de la Sala de lo Constitucional, por la que pretende, vana e inconstitucionalmente, neutralizar la UFECIC y la MACCIH. Puede ocurrir, entonces, que el actual fiscal, antes de vacar en su cargo, siga judicializando casos, como hasta ahora, en los que se pone a prueba la independencia del sistema de justicia. De modo que, es de suponer, que más casos serán judicializados, en los que están involucrados otros diputados.

En todo caso, ¿considera el distinguido lector que los honorables diputados se someterán a la ley? Acostumbrados, como estamos a observar cómo violan la ley impunemente, será difícil admitir que se abstendrán de votar en la elección del Fiscal, los diputados incursos en la prohibición prevista en la ley. Basta recordar el “pacto de impunidad”.

Votarán, si no directamente, indirectamente, por medio de suplentes afines a ellos. Tienen el poder porque son muchos los que se encuentran en ese supuesto de decidir, sea directa o indirectamente, quien será el nuevo Fiscal.

¿Qué cree usted distinguido lector, que exigirán los diputados involucrados en estos casos al Fiscal que elijan? Es ingenuo suponer que votarán considerando únicamente los méritos o la lealtad partidaria del candidato. Votarán por quien les garantice impunidad.

Quien acepte dirigir el MP en esas condiciones, sabe que su gestión se desarrollará entre presiones de políticos, exigiéndole que cumpla su compromiso, por un lado, y, por otro, la comunidad internacional y el pueblo demandando respeto a la MACCIH y a la UFECIC. Habrá que ver si el Secretario General de la OEA, que parece estar cambiando de bando con ese último tuit suyo, por el cual felicita a la MACCIH (¡oh, sorpresa!) por su participación en el caso conocido como “Pandora”, también se suma a estas exigencias, pero del lado del pueblo hondureño.

El nuevo Fiscal llega en un momento convulso. Marcado por el enfrentamiento entre la Corte Suprema y el MP, los brutales ataques del Congreso (para evitar que la justicia alcance a los “honorables” diputados sospechosos de cometer actos de corrupción) a la Corte Suprema, la que dócilmente se somete a estas humillaciones, y al MP, que ha reaccionado valiente y dignamente ante estos atropellos, y el interés del gobierno en mantenerse a salvo de estas acusaciones, sin importarle quienes resulten sacrificados.

Con un infierno se encontrará el nuevo Fiscal. Ningún otro fiscal hondureño ha asumido su gestión en estas condiciones. Con el agravante de que no podrá evitar que lo comparen con el Fiscal actual, que, de concluir su mandato sin variar su actuación de estos últimos meses, se retirará con el respeto y la admiración del pueblo y el reconocimiento de la historia. De ahí, que, si decide no seguir este ejemplo, provocará con consecuencias imprevisibles, el rechazo y la indignación del pueblo hondureño. Tendrá que escoger entonces, entre seguir el ejemplo de quien saldrá con laureles del MP, o pasar a la historia como el “Fiscal de la infamia”.

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