HomeNacionalVicepresidente del Legislativo pide declarar inconstitucional dos artículos de la Ley de embriaguez

Vicepresidente del Legislativo pide declarar inconstitucional dos artículos de la Ley de embriaguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El vicepresidente del Legislativo, Denis Castro Bobadilla, presentó ante la Sala Constitucional del Poder Judicial un recurso contra dos artículos de la denominada Ley de penalización de la embriaguez habitual.

Mediante un escrito, el también médico forense explicó que los artículos 1 y 2 de la referida norma «disminuyen las Garantías Constitucionales que se refieren al Derecho de Comunicar su Detención al Derecho de Defensa y al Derecho del Estado de Proveer Asistencia Legal y Representación para el supuesto infractor, la Garantía del Debido Proceso, la Garantía de Presunción de Inocencia, la Garantía del Principio de Legalidad y la Garantía de Ser Oído y Vencido en Juicio por Tribunal Competente, por lo que en estricto apego a la normativa constitucional cabe de pleno derecho declarar la inconstitucionalidad de dichas normas por las justificaciones que ya he expresado en el presente libelo y no sean ya aplicables».

Según Castro Bobadilla, «la Policía Nacional no es el personal idóneo para practicar este tipo de pruebas, pues, no cuentan con la suficiente experticia técnica para realizarlo, y para que sea una prueba confiable para determinar la verdad, es sumamente necesario que esta prueba de alcoholemia sea aplicada por personal como Medicina Legal, es decir, que encada reten de policía, se cuente con, por lo menos, una persona de esta entidad que practique la prueba».

Para hacer este tipo de prueba de intervención corporal -expuso el legislador-, deberá estar regulado por una ley, para asegurar el debido proceso en la determinación de la presencia de alcohol en un conductor automotor y que sean conducentes con la investigación, y que no impliquen un trato inhumano o degradante.

«La práctica de esta prueba deberá ser por parte de personal cualificado (generalmente sanitario) y con las garantías suficientes y que en ningún caso puedan poner en peligro la vida o salud del intervenido», explicó.

Para Castro, «cuando se utilice la prueba de alcoholemia es violatoria del principio probatorio de la formalidad y legitimidad de la prueba, que define este principio como: la prueba debe ser aprehendida para el proceso en forma valida, requiere el cumplimiento de formalidades de tiempo, modo y lugar, además, su inmaculación, es decir, exenta de vicios como dolo, error y/o violencia».

«Por lo anterior -prosigue-. se evidencia un error al confundir que posiblemente una sustancia interferente pueda ser catalogada a través del alcohosensor como alcohol, lo que conllevaría a esa prueba a ser catalogada de una prueba ilícita, que es “aquella que se obtiene violando derechos fundamentales de las personas, bien haya sido para lograr la fuente o bien para lograr el medio probatorio, y su proscripción es consecuencia de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y su afirmada condición de inviolable.”

Entre los hallazgos del forense, «esta prueba ilícita afecta el derecho fundamental al debido proceso, convirtiendo se en una prueba violatoria del debido proceso, y por consagración expresa en la Constitución de la República en su artículo 90, párrafo primero que literalmente dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”

Por lo tanto confió que la Sala Constitucional que admita la petición de declarar fuera de ley tal norma y «darle el trámite procesal que corresponde, darle traslado al Ministerio Público para que emita el dictamen correspondiente; agotado el trámite procesal y con el mérito de lo actuado, emitir sentencia en la cual se declare la Inconstitucional pretendida y se ordene la derogación del Artículo 116 de la Ley de la Penalización de la Embriaguez Habitual, Decreto 100-2000».

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