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SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Policía Nacional arrestó a dos conductores de equipo pesado por suponerlos responsables del delito de tráfico ilegal de personas en la aduana de Agua Caliente, en el occidental departamento de Ocotepeque.

Según informaron las autoridades el arresto la efectuaron policías fronterizos y de investigación el complejo aduanero que une Honduras con Guatemala.

El informe investigativo establece que los funcionarios policiales, requirieron dos cabezales que venían con procedencia del municipio chapín de Chiquimula y se dirigían a San Pedro Sula.

Al momento de llevar a cabo la inspección del pesado equipo, se encontró en el interior del primer camarote a dos ciudadanas de nacionalidad nicaragüense; y en el segundo camarote a una tercera persona.

Los detenidos tienen edades de 48 y 54 años, ambos originarios de San Pedro Sula, por lo que fueron trasladados a las oficinas policiales para preparar su remisión a las autoridades de esa localidad.

Al momento de su captura se les decomisó dos cabezales Freightliner dos teléfonos móviles y dos licencias de conducir.

Entre tanto, las ciudadanas nicaragüenses fueron requeridas y puestas a disposición de migración para que se proceda con el proceso administrativo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La subsecretaria de Educación, Gloria Menjívar, expresó que ya se ha destinado un presupuesto para comenzar a planificar la estrategia que se usará para el retorno de las clases presenciales en Honduras, que se encuentran paralizadas desde el pasado 13 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus.

Posterior al confinamiento por el SARS CoV2, serán intervenidos al menos cinco mil 659 centros educativos, que serán mejorados en la parte sanitaria para que los estudiantes tengan mejores condiciones en las escuelas y colegios.

A su vez, “esta estrategia pasa por el criterio de la baja de la curva de contagios, de manera que cada centro educativo, de acuerdo al contexto en donde se encuentra, debe hacer un análisis tomando como criterio central la expansión del virus”.

Recalcó que, a través de los planes nacionales, departamentales, así como municipales y locales que presenten, se verificarán las condiciones de cada uno de las instituciones educativas, que podrían llegar hasta cinco mil.

Puntualizó que “el retorno a clases se realizará de manera escalonada y con la implementación de un modelo del servicio mixto del servicio educativo. Eso significa que los docentes estarán dando clases de manera presencial y habrá otro grupo de mentores a distancia”.

MOSCÚ, RUSIA

(Sputnik) Los expertos de derechos humanos de la ONU instaron al Gobierno estadounidense a reducir la población penitenciaria para prevenir grandes brotes de COVID-19, dice un comunicado en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh).

«Se debe identificar inmediatamente a los que están en mayor riesgo, teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, y se deben tomar medidas para su liberación», dijeron los expertos citados en el texto al referirse a los reclusos.

Destacaron que «a pesar de algunos pasos a nivel federal y estatal para reducir la población carcelaria, la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente».

En este contexto los expertos de la ONU llamaron a EEUU a dar pasos inmediatos, apelando que la falta de medidas oportunas puede tener consecuencias de largo alcance.

Se explica que las personas en prisión son especialmente vulnerables para el COVID-19 porque «en estos espacios cerrados, y a menudo hacinados, es imposible cumplir con las medidas básicas de protección como el distanciamiento físico y las normas de higiene».

Se agrega que para muchos encarcelados las condiciones médicas preexistentes aún aumentan el riesgo de muerte.

En particular, la ONU pidió que se utilicen «las alternativas disponibles a la detención para los migrantes encarcelados en los centros administrativos superpoblados e insalubres a fin de contrarrestar el riesgo de un brote del COVID-19».

Además, llamó a las autoridades estadounidenses a suspender deportaciones, expulsiones y otras formas de retornos forzados.

De acuerdo con las normas internacionales, cualquier Estado debe garantizar que los detenidos tengan acceso al mismo nivel de atención médica que está disponible en la comunidad, independientemente de su ciudadanía, nacionalidad o estado migratorio.

Confidencial HN