Wednesday, Sep 18, 2019
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(Por Joaquín Mejía) Varios órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el grado de violencia con que se actúa contra quienes reivindican por medios pacíficos sus derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos sobre la tierra.

También han manifestado su preocupación por el otorgamiento de concesiones hechas por el gobierno para establecer ciudades modelo y la falta de consulta previa sobre la Ley de promoción de las asociaciones público-privadas, dado que estas iniciativas repercuten en los medios de vida de la población rural.

A su vez, han visto con alarma la aprobación de proyectos sin la adecuada consulta previa a las comunidades, quienes al oponerse legítimamente a ellos son víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas, encarcelamiento e intimidación, lo cual “no es una situación aislada”.

Por todo ello, no es de extrañar que Honduras esté incluida por la Organización de Naciones Unidas en una lista de 29 países que castigan a las personas por su trabajo de defensa de derechos humanos y cuyos ataques en su contra son perpetrados o consentidos por funcionarios y funcionarias públicas.

Del mismo modo, Global Witness cataloga a Honduras como el país per cápita más peligroso del mundo para quienes defienden los bienes naturales y los territorios, debido a la “corrupción generalizada, la falta de consulta a las comunidades y el fracaso total del gobierno en proteger a las personas defensoras.

El mes de septiembre nos recuerda de forma terrible esta realidad sangrienta, ya que cuatro mujeres garífunas defensoras de sus territorios han sido asesinadas: Nayda Reyez Jiménez, Gilma Cacho, Fiori Amaya y Mirna Teresa Suazo Martínez, quienes, de acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, eran integrantes de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

Mientras estos crímenes se cometen, la Policía Nacional, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, siguen ocupados en reprimir, criminalizar y encarcelar a quienes defienden los bienes comunes, mientras los narcos, corruptos y violadores de derechos humanos gozan de impunidad.

MOSCÚ, RUSIA

(Spútnik) Las autoridades estadounidenses gastan 13 millones de dólares anuales en cada uno de los 40 presos de la cárcel situada en la base de Guantánamo, lo que lo convierte en el programa penitenciario más caro en el mundo, indicó el diario The New York Times.

Según cálculos del diario, el pasado año la Casa Banca destinó más de 540 millones de dólares a la prisión para terroristas, creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero esa cifra se refiere solo a los gastos no secretos.

Se estima que por la cárcel de Guantánamo pasaron 770 reclusos no estadounidenses. De los cientos de detenidos que se encontraban en el centro penitenciario en los primeros años, solo quedan allí 40, y desde el año 2008 en la cárcel no ingresa ningún detenido nuevo.

Cada preso, según el medio, cuenta con 45 carceleros, que suman en total unos 1.800 efectivos, con sus propias viviendas, dos comedores, tres clínicas médicas, dos centros de consultas jurídicas, un cine y hasta con una capilla propia.

Los encarcelados, en su totalidad hombres, ingieren solo comida halal, tienen acceso a los medios de información de satélite y a canales deportivos y hasta pueden jugar con consolas PlayStation, tomar clases de arte y jardinería y realizar oraciones conjuntas.

El diario destaca que, pese a la reducción de la cifra de quienes cumplen condena en el centro de detención, los gastos en su mantenimiento no hacen más que aumentar.

Si bien en 2013 Washington destinó a la cárcel un total de 2,7 millones por cada uno de los 166 presos, últimamente esa cifra prácticamente se ha quintuplicado.

Desde 1903, Estados Unidos ocupa 117,6 kilómetros cuadrados en Guantánamo, provincia situada en el sureste del territorio nacional de Cuba, donde mantiene enclavada una base naval militar convertida en cárcel.

La Habana ha reclamado en reiteradas ocasiones la inmediata e incondicional devolución de ese territorio ocupado por el Ejército estadounidense.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El economista del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), Ismael Zepeda, advirtió hoy sobre la necesidad de auditar los fondos de la Tasa de Seguridad para certificar que se están manejando de forma adecuada.

Explicó que la recaudación sobrepasa los mil 200 millones de lempiras, mientras que en 2018, alcanzó dos mil 505 millones y más de 16 mil millones desde su creación en 2012.

El economista dijo que “es necesario que exista no sólo la auditoría, sino el manejo transparente y que se rinda cuentas de esos recursos a la misma población, al ser un impuesto y recursos públicos, demanda transparencia en los gastos”.

Indicó que “utilizan dinero del futuro en algunos programas y proyectos y la asignación a instituciones públicas como Seguridad, Defensa, Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, el adelanto de esos recursos también tiene costo”.

“Ni siquiera tendría que existir la tasa bajo el supuesto de discursos gubernamentales de que ya casi vivimos en un país altamente seguro, un segundo elemento, es que esta auditoría debe reflejar del porqué se están endeudando”, sugirió Zepeda.