Thursday, Nov 21, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), reveló que alrededor del 75 por ciento de la población está de acuerdo con la continuidad de la MACCIH en Honduras a fin de «combatir la corrupción e impunidad.

Al respecto, un estudio elaborado por el organismo dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) precisa de que siete de cada 10 personas consultadas consideraron que la misión anticorrupción de la OEA debe proseguir ya que no confían en la institucionalidad.

«El trabajo de la MACCIH ha fortalecido el sistema de justicia del país, ha permitido que se publiquen, se judicialicen casos emblemáticos de corrupción y se conozcan prácticas que dejan en evidencia los actores y manera en que se malversan los recursos públicos que deberían ser utilizados en beneficio de la población», señala el informe.

Asimismo, estimaron que debe existir el compromiso para revertir la campeante corrupción dentro del aparato gubernamental y que con la presencia de la MACCIH se puede erradicar el flagelo.

Este estudio coincide con el contexto de la evaluación que está efectuando el Ejecutivo nacionalista y la OEA respecto al alcance que ha tenido dentro del convenio suscrito en 2016 entre ambas partes y que finalizará el 19 de enero de 2020.

LEA EL INFORME DEL IUDPAS: 

Ante el escenario que debate la posibilidad de ampliar el plazo de permanencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) se pronuncia a través de los resultados de la cuarta Encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras 2019 y los informes elaborados en el marco del Monitor Centroamericano coordinado por la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en alianza con el IUDPAS de Honduras, el Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de El Salvador y Fundación Myrna Mack de Guatemala, en los siguientes términos:

Primero: la MACCIH fue creada tras el desfalco, entre 2010 y 2014, de más de 8.5 mil millones de lempiras (355 millones de dólares) en contra del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y las subsiguientes movilizaciones de “Los Indignados”. La admisión de parte del presidente Juan Orlando Hernández (2014-presente) de haber utilizado 3.6 millones de lempiras ($147 mil dólares) del dinero malversado para financiar su campaña electoral en 2014, llevó a miles de ciudadanos a manifestarse semana tras semana hasta septiembre de 2015, exigiendo la renuncia del presidente y la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Segundo: en abril de 2016, la Organización de Estados Americanos (OEA), a solicitud del gobierno de Honduras, dio inicio a la MACCIH. Constituye el segundo mecanismo híbrido para el fortalecimiento del Estado de derecho en la región centroamericana, la primera misión de la OEA para combatir la corrupción y la impunidad en un Estado miembro y la única de carácter internacional con facultades para coadyuvar a investigar casos de corrupción en Honduras. Tiene como objetivos principales el apoyo al Ministerio Público en la investigación y judicialización de casos de corrupción de alto impacto y la de fortalecer y consolidar la institucionalidad que están vinculadas al combate a la corrupción y la impunidad en Honduras.

Tercero: dado que la Misión se integraría por un periodo prorrogable de cuatro años y su primer mandato expira el 19 de abril de 2020, el IUDPAS incluyó en la Encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras, la pregunta: cree usted que la MACCIH debe permanecer en el país para combatir la corrupción y la impunidad.

Los resultados de esta consulta realizada entre septiembre y octubre de 2019, a través de 3000 encuestas levantadas en los 18 departamentos del país con una muestra probabilística, aleatoria, proporcional al tamaño y estratificada en tres categorías según las características geográficas del país: 1) San Pedro Sula y Distrito Central, 2) resto de cabeceras departamentales, 3) el resto del país; y un nivel de confiabilidad del 95.0% y error muestral estimado en 1.79%, evidencian que: El 75.0% de la ciudadanía consultada opina que la MACCIH debe seguir en su trabajo para combatir la corrupción y la impunidad en el país, respuesta que muestra la confianza y el respaldo para la continuidad de una instancia de este tipo en un contexto en el que existe una marcada desconfianza en la institucionalidad del Estado y que requiere del compromiso del gobierno para revertirla.

Esta opinión puede coincidir con el apoyo de la Misión al Sistema de Justicia contra la Corrupción, conformado por los Juzgados y Tribunales Penales Anticorrupción y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), en la investigación de más de 11 casos emblemáticos de corrupción en los que se han vinculado a funcionarios públicos, diputados y otros actores políticos y la judicialización de algunos de ellos; así como proponer reformas al marco normativo hondureño que produzcan una justicia efectiva que responda a las necesidades de la sociedad hondureña.

En todo el país la población respalda el trabajo de la MACCIH y más del 60% de los encuestados a nivel departamental opinan que debe permanecer en el país.

Dos de las regiones más afectadas por la violencia y criminalidad, nororiente y occidente, son las que mayor confianza tienen en el trabajo de la MACCIH y respaldan su lucha contra la corrupción e impunidad.

La ciudadanía de los departamentos de La Paz (88.8%), Lempira (88.3%) y Ocotepeque (86.0%) son lo que mostraron un alto porcentaje de interés para que la Misión continúe en Honduras.

Cuarto: El trabajo de la MACCIH ha fortalecido el sistema de justicia del país, ha permitido que se publiquen, se judicialicen casos emblemáticos de corrupción y se conozcan prácticas que dejan en evidencia los actores y manera en que se malversan los recursos públicos que deberían ser utilizados en beneficio de la población. Estos casos han influido para que el Estado de Honduras no pueda acceder a fondos internacionales para la erradicación de la pobreza, como la Corporación del Desafío del Milenio “Cuenta del Milenio” al no aprobar para 2019, nueve de los 20 indicadores de medición, entre ellos: Estado de derecho, efectividad del gobierno, control de corrupción y el acceso de la información.

Quinto: La continuación de la MACCIH permitirá reformas al marco normativo hondureño que produzcan una justicia efectiva que responda a las necesidades de la sociedad hondureña e influirá en el cumplimiento de los mecanismos internacionales en la lucha contra la corrupción suscritos por el Estado de Honduras, (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por el país en 2005 y La Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada en 1998) así como las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESISIC) y el Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA).

Sexto: El IUDPAS, al igual que la población hondureña, organizaciones de sociedad civil y organismos de cooperación internacional, demanda que el gobierno de Honduras apoye la continuidad de la MACCIH como una genuina muestra de su interés en la lucha contra la corrupción e impunidad y ampliar sus facultades legales ya que es una oportunidad para poder desmantelar, gradualmente, las estructuras permeadas por la corrupción y la criminalidad organizada que han contaminado al Estado hondureño.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El analista político Efraín Diaz Arrivillaga alertó hoy que el titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández hará todo lo que esté a su alcance para aferrarse al poder.

Por ese motivo, añadió, no descarta que Hernández convoque a una Constituyente para perpetuarse en el palacio José Cecilio del Valle.

Los estímulos que efectúa el número uno del régimen hacia las FFAA es para seguir teniendo respaldo en sus aspiraciones contuinuistas, agregó

«Son los principales beneficiarios de la Tasa de Seguridad, el aumento en el presupuesto (de defensa) y ahora en el aparato agrícola y cuya principal razón no es desarrollar el campo», señaló.

Insistió que el líder nacionalista «está haciendo todo para quedarse en el poder ya que los militares han sido todo su principales sostenes y se ha congraciado con ellos».

Asimismo, afirmó que el gobernante «está recurriendo al populismo, tratando de congraciarse con la gente, como la aplicación de la Ley de alivio de deudas, ya que es una clara y típica medida orientada precisamente a congraciarse con un segmento que está en dificultades».

Lamentó que la oposición no esté efectuando los esfuerzos correspondientes para contener a Hernández y efectuar un paro nacional, por lo que reflexionó que también se requiere «del concurso de la empresa privada, que este tema hay que trabajarlo y yo lo encuentro hasta este momento bastante difícil».

Trajo a la mente el papel de los críticos del gobierno de Daniel Ortega, cuando la empresa privada también se fue al paro y «no lograron sacarlo, por lo que no es tan fácil la estrategia».

Para que estas iniciativas tengan éxito, aconsejó que existan acercamiento con actores políticos y sociales que están dispuestos a sumarse para que el país pueda tener un cambio de rumbo.

«El panorama actual no puede continuar, nos están llevando realmente al despeñadero», sentenció.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Legislativo aprobó el miércoles en Choluteca la reforma de varios artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ya que se pretende evitar la comisión de actos de corrupción.

Los proponentes indicaron que el fin de la iniciativa es “fortalecer su capacidad de prevenir y evitar que se cometan actos irregulares que perjudiquen el patrimonio público, evitando llegar al daño causado”.

Al respecto, el miembro de la comisión de dictamen, Rolando Dubón Bueso, indicó que “lo más importante es que el TSC va a nombrar un auditor interno en cada institución pública a fin de que audite de forma concurrente, es decir, desde el inicio de cada proceso a fin de evitar que los funcionarios cometan irregularidades durante el proceso”.

“Si el funcionario no acata las recomendaciones del auditor interno, este dará un informe al TSC y si se encuentran indicios de responsabilidad civil, lo remitirá a la Procuraduría General de la República (PGR), esta a su vez, de encontrar indicios de responsabilidad penal, lo remitirá al Ministerio Público para la acción penal cuando corresponda”, dijo.

Ante los cuestionamientos de la oposición, aclaró que “no se está debilitando la lucha contra la corrupción; se fortalecen los instrumentos que priorizan la transparencia en el manejo de fondos públicos”.

“A los diputados de Libertad y Refundación se les explicó, algo tan sencillo como esto, pero no lo quisieron entender”, sostuvo.

Por su parte, el titular del Parlamento, Mauricio Oliva expresó que la norma está orientada a la prevención «por eso queremos las auditorias concurrentes, que exista un auditor que pueda ir previniendo al funcionario que debe y que no debe hacer”.