¿Y ahora qué?

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(Por Edmundo Orellana) La última de las tres tragedias que nos azotan está por abandonar el país, dejando atrás pérdidas humanas y materiales, y, además, una escalofriante cantidad de damnificados.

Las otras dos siguen provocando daños irreparables: gobierno y coronavirus. Disminuir o impedir sus letales efectos es nuestra responsabilidad. En el caso del virus, aceptando que el confinamiento es lo más conveniente, pero, sí es inevitable transgredirlo, lo prudente es acatar las recomendaciones de los expertos en las interacciones sociales, para evitar contagiar a los suyos, familia y amigos.

En el caso del gobierno, es el momento de plantearse el tema de su idoneidad. Ya no se trata de cuestionar su legitimidad, sino de preguntarse si las actuales autoridades poseen la idoneidad para seguir dirigiendo el país.

El manejo negligente de la cosa pública es, sin lugar a duda, imprudente. Porque imprudencia temeraria fue la de invitar a disfrutar de la semana morazánica pese a las alertas generadas desde los centros especializados extranjeros de que ETA era un fenómeno de enormes proporciones, con capacidad destructiva incuestionable; advertencia que sí atendieron los países vecinos, evitando que muriesen sus nacionales en las cantidades que murieron en el nuestro.

Tanta fue su irresponsabilidad, que fue evidente que el auxilio de los damnificados provino más de los particulares, que voluntaria y solidariamente dispusieron de su tiempo, arriesgando, en muchos casos, sus vidas para salvar las de los afectados y entregando lo suyo para aliviar el dolor por las pérdidas sufridas. La frase “solo el pueblo salva el pueblo” se aplicó plenamente en esta desgracia.

Prever no es una cualidad gubernamental. Por eso, no estábamos preparados para el coronavirus. Nadie ignoraba el estado de nuestros hospitales. Lo que no sabíamos es que se encontraban en esa situación por lo que el binomio MACCIH-UFECIC descubrió: contratos leoninos y saqueos para enriquecer a sus directivos o para financiar campañas electorales. Pero, una vez descubierta la causa, el sistema expulsó la MACCIH, liquidó UFECIC, dictó leyes y códigos para favorecer a los ladrones y se dictaron sentencias indulgentes. En otras palabras, no solo se trata de imprevisión, sino de una conspiración urdida por una red de corrupción para saquear fondos públicos, protegida por el sistema político y judicial.

Lo que viene será administrado como siempre, pero sus consecuencias serán mayores. Lo que nos legarán el coronavirus y ETA exige un gobierno diligente, apegado a las reglas de la buena administración, que planifique, coordine, supervise, controle y evalúe, cualidades de las que carece el gobierno actual.

Se requiere, además, un gobierno confiable y este no lo es. Se escucha un clamor popular poniendo en duda la transparencia del gobierno para manejar la cooperación que habrá de llegar al país por la solidaridad internacional, particularmente en este momento que se inicia el proceso electoral, siendo que nuestros políticos son tan afectos al erario para financiar sus campañas.

No es este, entonces, el gobierno ideal para gobernarnos a partir de ahora. Es el momento de ponderar la necesidad de exigir que las autoridades responsables del negligente manejo de los recursos se retiren y den paso a un gobierno de transición que administre la crisis con credibilidad y que nos prepare para construir una nueva Honduras, propia para las próximas generaciones del tercer milenio.

No debemos permitir que se siga la línea gubernamental de buscar soluciones a nuestros problemas económicos mediante la entrega de territorio y soberanía a extranjeros, que continúe el latrocinio y se acentúe la inseguridad jurídica. Falta más de un año para que un nuevo gobierno asuma la dirección del país; mucho tiempo, el que, seguramente, utilizará la red de corrupción, aprovechándose de la emergencia, para seguir en lo suyo, ahora en más volumen, por la dimensión de la crisis, y con más protección, por las leyes vigentes y los precedentes judiciales sacralizados por la “autoridad de cosa juzgada”.

La oposición política, la sociedad civil organizada y demás fuerzas sociales y económicas deben evaluar lo que mejor convenga al país, lo que no va por la línea del gobierno, ciertamente. La crisis, por inédita y dantesca, nos supera; de ahí, que individualmente y recurriendo a medidas tradicionales no podremos atenderla convenientemente. Veámosla como la oportunidad para comenzar una etapa de reconciliación y de modernización del país, para lo que debemos decirnos a nosotros mismos, muy fuerte hasta que oiga nuestra conciencia: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?