TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El pasado 12 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, aprobó la resolución «Mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad y derechos humanos», respaldada por 47 Estados miembros, incluido Honduras, y con el copatrocinio de más de 60 países.
En reacción a esto, 17 organizaciones hondureñas defensoras de la vida y la familia emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación. Según estas organizaciones, la resolución promueve el aborto y la Educación Sexual Integral (ESI), prácticas que están en contra de la legislación hondureña.
Afirmaron que, aunque las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos no tienen fuerza vinculante, «muestran la posición de los Estados en ciertos temas, y contribuyen a crear conceptos clave en el derecho internacional de los derechos humanos».
Este grupo de organizaciones señalaron que la resolución original de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue aceptada por consenso, lo que significa que los Estados ya habían dado su consentimiento antes de la sesión y no fue sometida a votación.
A pesar de que promovía el aborto y la ESI, los representantes de Honduras en el Consejo de Derechos Humanos no objetaron la resolución durante la sesión. Más tarde, se presentaron dos enmiendas para corregir el lenguaje y dejar claro que ni el aborto ni la ESI debían promoverse, a las cuales Honduras votó en contra.
Las organizaciones afirmaron que las acciones de los representantes nacionales demuestran su apoyo al aborto y a la ESI a nivel internacional. En sus palabras, «Todo ello no deja lugar a dudas de la posición de los representantes del país en contra de las propias leyes y la Constitución nacional».
«Por lo tanto, hacemos un llamado urgente a la señora presidente Xiomara Castro de
Zelaya para que dé instrucciones a sus representantes en dichos organismos que sus
participaciones y votos sean de acuerdo a nuestra Constitución y nuestras leyes», establecieron.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que aseguró que la resolución fue adoptada por consenso y se refiere a los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva, y el acceso a la información relacionada con estas áreas.
Además, subrayaron que la aplicación está sujeta a la legislación nacional de cada país y que «Honduras no se compromete a adoptar ninguna medida que contravenga la normativa de nuestro país en relación a la interrupción del embarazo».
Afirmaron que su enfoque se centra en eliminar la mortalidad y morbilidad asociada a la maternidad a través de políticas de salud y educación que respeten los derechos humanos de las niñas y mujeres, en conformidad con las leyes y regulaciones vigentes.
