Wednesday, Jul 24, 2019
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CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) Un domicilio en ciudad mexicana de Monterrey (norte) es el eslabón común de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y la llamada «estafa maestra», orquestada para malversar fondos de universidades públicas mediante empresas de fachada, según una investigación independiente.

Ese domicilio «alberga a una correduría donde se crearon seis empresas fantasma que sirvieron para saqueos del erario mediante universidades públicas, y en ese mismo edificio despacha una empresa que fue utilizada por empresarios brasileños para triangular pagos del departamento de sobornos», dice un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El despacho de servicios legales y fiscales que operaba para Odebrecht comparte edificio en Monterrey con una correduría donde fueron creadas al menos seis empresas de «una de las tramas de corrupción más trascendentes en México durante los últimos años», dice el informe.

Los investigadores de MCCI descubrieron esa conexión en una revisión de los documentos extraídos de la plataforma secreta Drousys del departamento de sobornos de Odebrecht.

Ese hallazgo es parte de la investigación «Bribery Division», coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y en el que participaron más de 50 reporteros en 10 países.

En el rastreo de más de 13.000 documentos compartidos por el ICIJ, MCCI localizó un contrato aparentemente simulado entre el despacho de la ciudad de Monterrey llamado TTG Asociados SC y una firma de fachada de Holanda para una supuesta asesoría técnica a una filial de Odebrecht en el paraíso fiscal de Islas Caimán.

«En el contrato alojado en la plataforma secreta de Odebrecht, el despacho TTG aportó como su domicilio la calle Rafael Verger, número 1814, en la colonia Obispado, de Monterrey, Nuevo León», dice la investigación.

MCCI descubrió que esa dirección es la misma de la Correduría 28, en donde Eva Margarita Gómez Tamez y Alfonso Gómez Tamez brindan servicios para la constitución legal de empresas.

«Ambos avalaron la creación de seis compañías fantasma utilizadas para la trama de corrupción conocida como «estafa maestra’, que involucró a universidades estatales en el saqueo de recursos públicos», reseña la organización independiente.

El domicilio es un pequeño edificio de dos pisos en el que solo hay dos oficinas ocupadas, según constató MCCI.

«Más de la mitad de la planta baja la ocupa la Correduría 28 y en un rincón del piso superior está el despacho de TTG», describe el resumen de los hallazgos.

Para justificar contablemente los desembolsos de dinero que destinaba para pagar favores, asignaciones de contratos o para financiar campañas políticas, Odebrecht solía simular contratos de servicios.

En la plataforma analizada por MCCI abundan ese tipo de convenios con empresas fachada, uno de ellos el suscrito por TTG.

En el sistema secreto de Odebrecht revisado por los investigadores aparecen más referencias al despacho de TTG.

En un archivo figuran dos pagos de facturas en 2014 por 2,04 millones de dólares en los que aparece el nombre de TTG México.

Los pagos están relacionados con el Poliducto Pascuales-Cuenca, que fue ejecutado por Odebrecht en Ecuador, según reveló MCCI el pasado 27 de junio.

La Fiscalía General de México ya investiga ambos casos y hay una orden de arresto contra el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya (2012-2016) involucrado con los sobornos de Odebrecht.

CARACAS, VENEZUELA

(Spútnik) La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de mayoría opositora, aprobó una ley para la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

«Asamblea Nacional aprueba en segunda discusión la Ley de Reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca [TIAR] tras moción de urgencia solicitada por el Presidente [E] Juan Guaidó», indicó el Centro de Comunicación Nacional del parlamento.

La aprobación la realizó ese organismo legislativo durante una sesión realizada este 23 de julio en la plaza Alfredo Sadel, en las Mercedes, en el este de Caracas.

La Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el 2016.

En enero de 2019, señaló que desde 2017 este órgano no tiene junta directiva válida.

La sentencia del TSJ declara como nulas todas las acciones del parlamento, y desde entonces el TSJ y posteriormente la Constituyente (desde agosto de 2017) han asumido sus competencias.

El TIAR se firmó en 1947, en pleno comienzo de la guerra fría (1947-1953), y previo a la creación de la Organización de Estados Americanos, pero jamás ha sido aplicado.

El Gobierno venezolano abandonó en 2013 el TIAR aduciendo que podría ser utilizado en cualquier momento para argumentar una acción contra Venezuela.

Países como Cuba, Ecuador, Bolivia, México y Nicaragua también están al margen del TIAR.

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

(Spútnik) El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, responsabilizó a la Corte de Constitucionalidad de la amenaza del mandatario de EEUU, Donald Trump, contra el país de posibles prohibiciones, aranceles y gravámenes a remesas por haber roto un acuerdo de inmigración con Washington.

«Las repercusiones del Gobierno de los Estados Unidos de América hacia Guatemala se derivan de una serie de acciones contraproducentes de la Corte de Constitucionalidad, que en reiteradas ocasiones ha dictaminado en contra del contenido y espíritu de nuestra Constitución Política de la República», indicó Morales en el texto difundido en Facebook.

El 15 de este mes Morales tenía previsto viajar a EEUU para firmar el acuerdo con Washington para convertirse en tercer país seguro, por el cual migrantes que solicitan asilo a la potencia mundial podrían permanecer en la nación centroamericana.

Sin embargo, el presidente guatemalteco debió cancelar ese viaje luego de que el 14 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) diera lugar a amparos presentados por diferentes actores políticos para evitar que se firmara el acuerdo.

A raíz de la resolución de la CC, la firma del acuerdo entre ambos países debe ser sometida ahora a conocimiento del Congreso.

Trump publicó este martes en la red social Twitter que «Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas de ellas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros al firmar un Tercer Acuerdo Seguro».

Por esa razón, añadió que ahora está evaluando posibles prohibiciones, aranceles y gravámenes a remesas contra ese país, «o todo lo anterior».
El presidente de Guatemala afirmó que «las negociaciones para implementar un plan conjunto para atender de manera pronta la migración irregular se estaba consolidando en apego a nuestra legislación y siempre velando por la defensa de nuestra soberanía y derechos de los migrantes».

Añadió que «lamentablemente, la Corte de Constitucionalidad sin conocimiento alguno y sin las facultades para entrometerse en la política exterior, asumió erróneamente una postura negativa a los intereses nacionales, al dejarse influenciar por algunos actores mezquinos que buscan un protagonismo personal para atentar contra la gobernabilidad de los guatemaltecos».

Morales aseguró que «las acciones planteadas por los excancilleres Francisco Villagran, Edgar Gutiérrez, Gabriel Orellana y Alfonso Cabrera, así como de Manfredo Marroquín (excandidato presidencial de Encuentro por Guatemala) y Jordán Rodas (procurador de DDHH), avaladas por la mayoría de los Magistrados de la CC, identificados con intereses políticos personales, claramente atentan en contra de la Constitución y el mandato presidencial; todo esto pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos que traerá consigo posibles sanciones».

La Cancillería también culpó a la Corte diciendo que el tribunal «ha querido limitar cualquier acción que por derecho corresponde al Ejecutivo, demeritando la buena relación que Guatemala ha construido» con EEUU.

En lo que va de 2019, 31.424 guatemaltecos fueron deportados de EEUU, cifra que supera la de 30.138 migrantes de esa nacionalidad expulsados en 2018, los 16.273 de 2017 y los 18.675 de 2016, informó este mes el diario local El Periódico.