Friday, Jul 19, 2019
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CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) El Gobierno México trabaja con EEUU y la embajada de ese país para detectar posibles operaciones financieras vinculadas a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.

«Estamos trabajando de forma coordinada con la embajada de EEUU, con las agencias estadounidenses en todos los casos relacionados con el señor Guzmán», jefe fundador del Cartel de Sinaloa, quien ha sido sentenciado a cadena perpetua durante un juicio en Nueva York, dijo Nieto a periodistas en el Palacio Nacional sede del Poder Ejecutivo.

La UIF, especializada en investigar lavado de dinero, intercambia datos que podrían corroborar las transacciones.

«Estamos en proceso de recepción y análisis de la información con la que se cuenta», detalló Nieto.

Uno de los objetivos del equipo de investigadores que siguen la pista del dinero sucio del crimen organizado es «el combate al narcotráfico y, en particular, la corrupción que el narcotráfico está generando en el Poder Judicial», en busca de debilitar su estructura.

Otra de las mafias que está bajo la mira de los fiscales financieros es el Cartel Jalisco Nueva Generación que se ha entronizado, mientras el Cartel de Sinaloa se enfrascó en disputas internas por la sucesión de capo sobre quien pesa la máxima sentencia de prisión en EEUU.

«Se han congelado 27 cuentas bancarias vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de ellas por 2 millones de dólares y otra de 24 millones de pesos (poco más de un millón de dólares)» detalló Nieto.

Guzmán dijo este miércoles en la audiencia para escuchar la sentencia que «ya que el Gobierno de EEUU me va a mandar a una prisión donde mi nombre no va a ser escuchado de nuevo, aprovecho la oportunidad para decir: aquí no hubo justicia».

En la carta que leyó el capo más conocido de México Guzmán Loera, de 62 año, quiso dejar claro le fue negado un juicio justo y que «EEUU no es mejor a otro país corrupto a los que ustedes no respetan».

El juez de distrito Brian Cogan impuso la pena de prisión de por vida, más 30 años, obligatorios según la ley estadounidense.

Guzmán también debe pagar 12.600 millones de dólares como parte de la sentencia.

El Chapo llegó a ser el hombre más buscado por EEUU en el mundo tras la muerte de Osama Bin Laden.

RÍO DE JANEIRO, BRASIL

(Spútnik) El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a defender el nombramiento de su hijo Eduardo como embajador de Brasil en EEUU, y para argumentarlo dijo que, si él quisiera, podría incluso nombrarle canciller.

«Yo puedo llegar hoy y decir: Ernesto Araújo (el actual canciller) está fuera, Eduardo Bolsonaro será el ministro de las Relaciones Exteriores; él tendrá bajo su mando más de cien embajadas en todo el mundo», dijo el presidente en declaraciones a los medios, según recoge el diario Estado de Sao Paulo.

Bolsonaro remarcó que el nombramiento como embajador en Washington está previsto dentro de la ley, y que varios gobiernos hacen lo mismo que él pretende hacer: «En Brasil también es legal», añadió.

Además, comparó el caso con el del embajador Tilden Santiago, que fue diputado por el Partido de los Trabajadores (PT) y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) lo nombró como embajador en Cuba, y con Oswaldo Aranha.

Aranha era diplomático y a nivel internacional se dio a conocer por ser uno de los defensores de la creación del Estado de Israel cuando lideraba la delegación brasileña en la ONU, y por presidir la Asamblea General de este organismo en 1947.

Antes, fue embajador en Washington, y según Bolsonaro, ese nombramiento también fue una «indicación política».
La oposición y los diplomáticos brasileños consideran el nombramiento de Eduardo Bolsonaro (que actualmente es diputado federal por el estado de São Paulo) una forma de nepotismo, y piden al presidente que rectifique.

Bolsonaro insiste en que su hijo reúne cualidades diferentes porque habla inglés, español y tiene buenas relaciones con la familia del presidente de EEUU, Donald Trump.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) Un tribunal de El Salvador sumó los delitos de tortura, desaparición y desplazamiento forzados a los 17 militares procesados como responsables de la masacre de El Mozote, considerada la peor en la historia del Hemisferio Occidental.

«En total 17 altos jefes militares de la Fuerza Armada de El Salvador están citados a la Audiencia de Intimación en los juzgados de San Francisco Gotera, donde les serán notificados tres nuevos delitos en su contra: tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado», precisó a Sputnik el presidente de la Fundación Comunicándonos, Oscar Pérez.

Ante la mencionada corte del departamento de Morazán se reunieron sobrevivientes y familias de las víctimas de la masacre perpetrada del 10 al 12 de diciembre de 1981 en el cantón de El Mozote, como parte de la estrategia «tierra arrasada», y en la cual fueron asesinados cerca de mil civiles, la mayoría ancianos, mujeres y niños.

La asociación civil Tutela Legal María Julia Hernández, que impulsa el juicio por delitos de lesa humanidad, anunció que el coronel Gabriel Contreras, a la sazón jefe de operaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada en 1981, fue sumado a la lista de imputados.

El abogado Ovidio Mauricio, de Tutela Legal, adelantó que el juzgado recibió los dictámenes de peritos en materia militar, histórico-documental y antropología social que avalan la evidencia sobre la participación de la cadena de mando militar en la consumación de la masacre.

La investigación del Mozote fue reabierta después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogara en 2016 la Ley de Amnistía General suscrita en 1993, tras la firma un año antes de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado (1980-1992).

Entre los implicados están el general Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea, el exministro de Defensa José Guillermo García, el exjefe del Estado Mayor, general Rafael Flores, y varios coroneles y oficiales ya retirados, que habrían dirigido la operación que derivó en la matanza.

La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas señaló en un informe de 1993 a los coroneles Domingo Monterrosa y Armando Azmitia como los responsables directos de la masacre, pero ambos murieron el 23 de octubre de 1984 en un atentado de las fuerzas guerrilleras.

Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos.

La Comisión de la Verdad de la ONU reflejó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto fueron perpetradas por el Ejército y la extinta Guardia Nacional, así como por los llamados Escuadrones de la Muerte.