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SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Sputnik) El anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional que el Parlamento de El Salvador tiene que promulgar antes de este 28 de febrero es criticado por varias organizaciones de la sociedad civil, porque no cumple con mandatos de justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado (1980-1992).

«Un objetivo claro de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa de El Salvador sobre la Ley de Reconciliación es proteger criminales de guerra: impedir condenas de cárcel y proteger sus patrimonios», afirmó el exprocurador David Morales en su cuenta de Twitter.

​Morales, quien encabezó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de 2013 a 2016, señaló que ni el testimonio desgarrador de las víctimas conmovió a los diputados lo suficiente para abandonar su objetivo con la nueva normativa.

El 21 de febrero el diputado Juan José Martel (Cambio Democrático, socialdemócrata), alertó sobre la elaboración de un proyecto «clandestino» que representaría más impunidad para quienes violaron derechos humanos durante la guerra.

«Se ha elaborado un proyecto de ley clandestino, a espaldas de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, e incluso a espaldas de varios partidos políticos en la Comisión Política del legislativo», denunció Martel en un video compartido en redes sociales.

​El actual procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, insistió en que la nueva ley cumpla con criterios de verdad, justicia transicional, reparación y garantías de no repetición, tal como mandató la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al derogar en 2016 la Ley de Amnistía vigente desde 1993.

Tobar señaló que cientos de víctimas, discriminadas por años, exigen una ley que las repare por los daños sufridos durante el conflicto, y que imponga sanciones a los responsables de violaciones de los derechos humanos en ambos bandos.

Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones perpetradas tanto por los llamados ‘escuadrones de la muerte’ (grupos parapoliciales o paramilitares), por el ejército y por la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

WASHINGTON, EE.UU.

(Sputnik) El presidente de EEUU, Donald Trump, quiere reducir el personal de la Casa Blanca y colocar a personas que le son leales en puestos claves de la administración, informó la cadena de noticias CNN.

«Trump ha dado instrucciones a su nuevo jefe de personal para que se concentre en eliminar a los funcionarios desleales», indicó CNN.

El presidente de EEUU está haciendo esfuerzos para reorganizar a su personal después de ser absuelto en el juicio político del Senado.

A principios de este mes, Trump dijo a los periodistas que deberían esperar más salidas del personal de la Casa Blanca.

El exasesor del Consejo de Seguridad Nacional, Alexander Vindman, fue despedido de su trabajo en la Casa Blanca después de testificar en la investigación de juicio político.

Trump también despidió a otro testigo en la investigación de juicio político: el embajador estadounidense en la Unión Europea, Gordon Sondland.

CARACAS, VENEZUELA

(Sputnik) Uno de cada tres venezolanos se enfrenta a la inseguridad alimentaria, dijo el Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización de Naciones Unidas, a través de una nueva evaluación.

«El PMA estima que uno de cada tres venezolanos (32,3%) tiene inseguridad alimentaria y necesita asistencia», señala la evaluación.

De acuerdo al estudio del PMA, el 7,9% de la población, equivalente a 2,3 millones de personas, reportó una inseguridad severa; mientras que el 24,4% de la población (7 millones de personas) dijo que experimenta niveles moderados de falta de alimentos.

Además, el programa de la ONU reveló que alrededor del 75% de los hogares ha adoptado estrategias relacionadas con los alimentos, con respecto a la variedad y la calidad de lo que comen; mientras que el 60% dijo que redujo el tamaño de sus comidas.

La hiperinflación que enfrenta la nación sudamericana ha afectado la capacidad del 59% de los hogares para comprar los alimentos.

En tanto, un 65% de los venezolanos no puede pagar los productos de higiene, ropa y zapatos, debido a los altos precios.

La evaluación del PMA indica que en casi uno de cada cinco hogares, equivalente al 17,8%, existe un nivel inaceptable de consumo de alimentos; mientras, el 12,3% tiene un consumo de alimentos límite, y un 5,5% un consumo pobre.

El PMA realizó la evaluación por invitación del Gobierno venezolano y obtuvo información de 8.375 cuestionarios enviados a todo el país.