Thursday, Jul 18, 2019
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RÍO DE JANEIRO, BRASIL

(Spúntik) El presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, suspendió una investigación abierta contra el senador Flávio Bolsonaro, hijo del mandatario Jair Bolsonaro, en una decisión tomada el 15 de julio.

El juez determinó la suspensión de todos los procesos judiciales en que los datos bancarios de investigados hayan sido divulgados por órganos de control sin la autorización previa del poder judicial, según avanza el diario O Globo.

​La decisión fue tomada en respuesta a una petición del senador ultraderechista, que se verá beneficiado en la investigación abierta contra él en la Justicia de Río de Janeiro y que tomaba como base informes del Consejo de Administración de Actividades Financieras (COAF) que señalaban presuntas irregularidades.

«Considerando que el Ministerio Público viene promoviendo procedimientos de investigación criminal sin supervisión judicial, lo que es del todo temerario desde el punto de vista de las garantías constitucionales que asisten a cualquier imputado o a cualquier persona bajo investigación del Estado, se revela prudente suspender esos procedimientos», detalló el juez en su decisión.

La investigación del Ministerio Público apuntaba supuesto desvío de dinero por parte de Flávio Bolsonaro cuando éste era diputado estadual en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Según las investigaciones, Flávio Bolsonaro habría recaudado de forma ilegal parte del salario de sus asesores.

Estos movimientos fueron detectados por el COAF a finales de 2018, cuando este organismo informó de que había «movimientos atípicos» de 1,2 millones de reales (más de 319.000 dólares) entre los años 2016 y 2017 en las cuentas de Fabrício Queiroz, el chófer personal y uno de los asesores más próximos del político.

Otros ocho asesores del entonces diputado estadual habrían transferido recursos a Queiroz en fechas próximas al pago de las nóminas de los funcionarios de la Alerj.

El hijo del presidente niega todas las acusaciones y asegura que todo se trata de una campaña difamatoria para intentar dañar la imagen de su padre.

MOSCÚ, RUSIA

(Spútnik) Miles de personas se apoderaron durante horas de las calles del casco histórico de San Juan exigiendo la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reportó el periódico El Nuevo Día.

La policía utilizó gases lacrimógenos contra los manifestantes que arrojaron adoquines, piedras y petardos contra agentes.

La manifestación, convocada por varias organizaciones, era para protestar por la corrupción que provocó hace una semana los arrestos de seis exfuncionarios de gobierno y contratistas, así como la revelación de un chat en el que el primer ejecutivo y varios colaboradores suyos hicieron expresiones insultantes, misóginas y homofóbicas.

El gobernador Rosselló, a través de una declaración emitida el 15 de julio por la noche, afirmó que las manifestaciones son una expresión que respeta y tiene muy en cuenta, pero al mismo tiempo señaló que algunos manifestantes «eligieron dañar propiedad y agredir a funcionarios que buscaban preservar el orden público en defensa de la seguridad y derechos de todos».

El Negociado de la Policía, por su parte, comunicó en la red social Twitter que cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron «arrestadas por la Unidad de Arrestos Especiales y Extradiciones por lanzar objetos y agredir a los oficiales».

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) El subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, dijo que la política migratoria de su país hacia Centroamérica «es digna y progresista», en la que se destinaron unos 100 millones de dólares para impulsar el desarrollo en esas naciones.

«El Gobierno de México ha tenido una respuesta digna y progresista, invirtiendo en oportunidades, al promover el desarrollo en los lugares de origen para que la migración sea una opción y no una necesidad», dijo el vicecanciller al defender la política exterior ante una comisión conjunta del Congreso.

En una comparecencia ante las comisiones unidas de Asuntos Migratorios, Frontera Norte y Frontera Sur de la Cámara de Diputados, Reyes afirmó que la política migratoria de México «dejó de ser un tema nacional para colocarse al centro de nuestra política exterior».

El Plan Integral de Desarrollo en Centroamérica (PDI), destinado a El Salvador, Honduras, Guatemala y el sureste de México, fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina, junto con el apoyo técnico de 16 agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) .

Además de los 20.000 millones de pesos aportados por México (unos 100 millones de dólares), el plan ya cuenta «con el apoyo de un número creciente de países y organismos internacionales», dijo en el encargado de la diplomacia del país hacia América Latina.

Agregó que ese enfoque «ha cambiado el paradigma de la cooperación, alineándola con base en enfoque integral del ciclo migratorio».

La oposición y organismos defensores de los derechos de migrantes cuestionan el despliegue de 3.000 efectivos de la Guardia Nacional en la franja fronteriza sur con Guatemala y otros 15.000 en ciudades de la frontera norte, que han participado en redadas de centroamericanos, desde la firma de un acuerdo migratorio con EEUU el 7 de junio, para evitar la imposición de aranceles por EEUU a productos mexicanos.

Los fondos mexicanos provienen del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe.

Además existe el compromiso de donaciones de España, Alemania Chile y Bolivia, además de recursos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El programa convertiría a los centroamericanos que decidan quedarse en el sureste del país en beneficiarios de los apoyos de los programas sociales gubernamentales, como «Sembrando Vida», para el cultivo de árboles frutales y maderables, que será exportado a los tres países centroamericanos del llamado Triángulo del Norte, que son los que más migrantes expulsan, por la violencia y la pobreza.

Recientemente, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador extendió el proyecto para que estos migrantes ocupen más de 12.000 plazas disponibles en la industria ensambladora multinacional en la franja fronteriza norte del país.

Hasta la fecha, ya fueron otorgadas a migrantes en proceso de regularización las primeras 1.200 plazas ofrecidas por esa industria, 600 en cada una de las fronteras norte y sur, dijo López Obrador el 15 de julio a periodistas.
Desde la firma de un acuerdo bilateral de México con EEUU, el 7 de junio, la cifra de indocumentados extranjeros regresados a territorio mexicano a esperar sus trámites de asilo, casi se elevó un 80% en un mes, a 18.503 migrantes, hasta el domingo 7 de julio.

Además de las personas «devueltas» a territorio mexicano, al menos otras 20.000 personas más esperan una cita «al otro lado» en las fronterizas ciudades mexicanas de Tijuana, Juárez y Mexicali, según la Cancillería.