24 horas después de la masacre en Yorito, ONU rompe el silencio y exige justicia

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• Naciones Unidas condenó el asesinato de 12 personas, entre ellas cinco mujeres y tres menores de edad, y alertó sobre la vulnerabilidad del pueblo indígena tolupán.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – 

Veinticuatro horas después de los cuatro homicidios múltiples que estremecieron al municipio de Yorito, Yoro, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó la masacre que dejó 12 personas fallecidas, entre ellas cinco mujeres y tres menores de edad.

En su pronunciamiento, emitido este jueves 19 de noviembre, el organismo expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, las comunidades afectadas y el pueblo indígena tolupán, al señalar que entre las personas asesinadas se encontrarían integrantes de esta comunidad.

Entre las víctimas figura la lideresa indígena Delma Yolanda Olvera Pérez, regidora municipal y expresidenta del Consejo Tribal de Mina Honda, cuya muerte representa un duro golpe para la comunidad.

Ante la gravedad de lo ocurrido, Naciones Unidas instó al Estado hondureño a garantizar investigaciones rigurosas, con apego a los principios de legalidad, temporalidad, necesidad y proporcionalidad, respetando los derechos humanos y las garantías judiciales, así como el uso de evidencia técnico-científica para esclarecer los crímenes.

La OACNUDH también advirtió que la repetición de estos hechos violentos evidencia la necesidad de respuestas sostenibles por parte del Estado, que incluyan mayor presencia institucional y atención a los conflictos territoriales, las desigualdades sociales y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades indígenas.

Finalmente, el organismo reiteró su disposición de brindar asistencia técnica a las autoridades hondureñas, con especial atención a la protección de los pueblos indígenas, las mujeres, la niñez y las personas defensoras de derechos humanos.

El pronunciamiento de Naciones Unidas vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia que golpea a las comunidades indígenas del país y la urgencia de que estos crímenes no queden en la impunidad.

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