- Parlamentarios de todos los partidos figuran en expedientes enviados a la Fiscalía y al TSC; el clientelismo político sigue vivo en Honduras
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La corrupción vuelve a salpicar al Congreso Nacional. La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mirtha Gutiérrez, reveló que remitió al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) expedientes de al menos 50 diputados que entre 2023 y 2024 gestionaron unos 200 millones de lempiras provenientes de fondos sociales.
Según Gutiérrez, la documentación también fue entregada a la Secretaría de Transparencia y se espera que las instituciones de control remitan informes para iniciar procesos administrativos internos.
“Esperamos hacer una remisión oficial al Tribunal… para poder comenzar a hacer las acciones pertinentes en cuanto a los procesos que ellos han encontrado”, indicó.
La ministra reconoció que algunos funcionarios de Sedesol ya enfrentaron audiencias de descargo y fueron separados de sus cargos.
El inicio de estas pesquisas se remonta al escándalo del “chequevideo” en Copán, donde la diputada de Libre y vicepresidenta del Congreso, Isis Cuéllar, junto al entonces titular de Sedesol, José Carlos Cardona, fueron expuestos discutiendo una trama para desviar fondos públicos con fines partidarios.
Desde entonces, explicó Gutiérrez, se solicitó información de todos los fondos ejecutados por Sedesol, incluyendo aquellos manejados directamente desde el Congreso.
Los hallazgos son contundentes: entre 40 y 50 diputados de Libre, Liberal, Nacional, PSH y Democracia Cristiana figuran en el listado remitido a los entes auditores.
Solo en 2024 habrían gestionado cerca de 100 millones de lempiras, y en 2023 “un poquito más”, detalló la funcionaria.
Pese a las revelaciones, la propia ministra admitió que el fondo social del Congreso continúa ejecutándose este año, lo que deja en evidencia la contradicción de un sistema que, mientras investiga presuntas irregularidades, mantiene operativos los mismos mecanismos que alimentan el clientelismo político.
El caso eleva la presión sobre un Legislativo que ya enfrenta serias críticas por falta de transparencia y que ahora aparece como protagonista de una trama de fondos discrecionales que, lejos de atender necesidades sociales, se convierten en botín electoral.
