SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contestó con un «no» a una de las recomendaciones que las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal le hacen al Gobierno para terminar la implementación de un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia y que suspende varios derechos constitucionales.
Bukele escribió «no» en un mensaje en Twitter en respuesta a un tuit de Juan Pappier, director asociado en funciones para las Américas de HRW, en el que señala que HRW recomienda al Gobierno terminar con el régimen de excepción.
Dicha recomendación es parte del informe denominado ‘Podemos detener a quien queramos’, que es producto de una investigación exhaustiva conjunta entre HRW y Cristosal durante los más de 8 meses de vigencia de la medida de excepción, y en la cual se realizaron 140 entrevistas a profundidad, según indicó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, durante la presentación del documento.
En el informe se subraya que durante el estado de excepción han habido violaciones sistemáticas de derechos humanos, se registran más de 90 personas fallecidas en custodia del fuerzas de seguridad del Estado, casos concretos de torturas y malos tratos, y se reporta la detención de al menos 1.600 menores de edad.
Taraciuk señaló que solicitaron una reunión con el presidente Bukele para presentar los hallazgos y las recomendaciones del informe, pero que aún no han recibido respuesta.
El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Bajo la medida del estado de excepción han sido capturados, según las autoridades salvadoreñas, más de 59.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas.
Bukele aseguró recientemente en sus redes sociales que el «control» de los territorios, por años dominados por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, «ya es totalmente del Estado».
Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad -enfocados en la represión- implementados en las últimas cuatro administraciones.
