Portavoz del gobierno de Joe Biden “celebra” designación de la nueva Jefa del Estado peruano y tiene ganas de empezar a trabajar con ella y con su Administración.
WASHINGTON, EEUU.
El Gobierno de Estados Unidos reconoció a Dina Boluarte como nueva presidenta de Perú en sustitución de Pedro Castillo, destituido por el Congreso del país y quien se encuentra bajo detención acusado de varios delitos al dar un autogolpe y querer cerrar el Congreso y otros poderes del Estado peruano.
Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo a EFE que el Gobierno “celebra” la designación de Boluarte como presidenta y tiene ganas de empezar a trabajar con ella y con su Administración.
Además, el portavoz elogió a las instituciones y autoridades civiles de Perú por “asegurar la estabilidad democrática”.
Boluarte juró este miércoles 7 de diciembre ante el pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia de Perú y durante su primer discurso desde el Parlamento nacional sostuvo que “asumo de acuerdo con la Constitución de Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026″, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo.
Más temprano el Gobierno de Joe Biden envió un comunicado en el que indicaba que “Los Estados Unidos rechazan categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”.
“Los Estados Unidos instan enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Peru funcionen según la Constitución. Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto”, agregaban.
Países lamentan acción de Pedro Castillo
Varios Gobiernos y la OEA rechazaron las decisiones del ahora expresidente peruano. La Cancillería colombiana invocó la democracia para manifestar su rechazo, al condenar “todo atentado contra la democracia, venga de donde venga”. Además, recordó que esta “requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el Congreso”.
En la misma línea se expresó su par chilena, quien lamentó “profundamente” la crisis política del país andino, e hizo un “llamado enfático a que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
El Gobierno ecuatoriano, además de expresar preocupación por Perú, exhortó a la comunidad internacional a facilitar el proceso democrático. Su canciller, Juan Carlos Holguín, formó parte del grupo de alto nivel designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que evaluó la situación política de Perú en noviembre.
En tanto, el Consejo Permanente de la OEA celebró en Washington una sesión extraordinaria, en la que su secretario general, Luis Almagro, llamó al diálogo y tildó de “una alteración del orden constitucional” las acciones de Castillo. Posteriormente, reconocieron a la abogada izquierdista Dina Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, como nueva presidenta.
También desde el organismo, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, expresó que “si bien es rechazable y condenable cualquier ataque a un Gobierno popular, también es rechazable e inaceptable cualquier intento de quebrar el orden constitucional”.
Por su parte, el Gobierno de Argentina hizo “un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional”.
Antes de conocerse la destitución y detención de Castillo, el Ejecutivo de Costa Rica calificó las decisiones del expresidente como una ruptura del orden constitucional, y señaló que son “un retroceso en el proceso de diálogo democrático y negociación diplomática que se venía respaldando por parte de la comunidad internacional”.
De otro lado, el presidente ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, consideró las acciones de Castillo Terrones como “incompatibles con el conjunto normativo constitucional” de Perú, de acuerdo con la Cancillería, porque representan “una violación a la vigencia de la democracia y del Estado de derecho”.
El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “siempre hay que lamentar que un presidente elegido democráticamente tenga ese destino”, pero que entiende “que todo caminó dentro de los moldes constitucionales”.
Lula, símbolo de la izquierda latinoamericana, dijo que espera que Boluarte “tenga éxito en su tarea de reconciliar el país y conducirlo por el camino del desarrollo y la paz social”.
El Gobierno español celebró el posterior “restablecimiento de la normalidad democrática” y recalcó que “siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional”.
Asilo político en México
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su parte, acusó a las “élites económicas y políticas” de Perú de forzar a Castillo a “tomar decisiones” que derivaron en su destitución.
Consideró “lamentable” que por esos “intereses”, desde el comienzo de su “presidencia legítima” se haya “mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución”.
“Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de “incapacidad moral”. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”, dijo AMLO.
También, la oposición de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, “reconoció” y “celebró” la “institucionalidad política, jurídica, militar y policial de ese país, cuyos representantes no dudaron en hacer cumplir su Constitución, enfrentando de forma exitosa este intento de golpe de Estado”.
Del mismo modo, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo invocó un “diálogo constructivo entre todos los actores y fuerzas políticas para preservar la democracia y sus instituciones en favor de la estabilidad y la pacificación en ese país hermano”, y el Gobierno de Uruguay condenó “enérgicamente” cualquier “intento de quebrantar el orden constitucional”.
Finalmente, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, ahora asesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, derrocado el 28 de junio de 2009 cuando le restaban siete meses para que concluyera su mandato de cuatro años, se unió a las voces de condena al “golpe de Estado en Perú”, que dijo se hizo “violentando la soberana voluntad del pueblo, representado por el Presidente Pedro Castillo”.
