BOLIVIA.
(RT)- La detención del gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, parece augurar una nueva crisis política en Bolivia después de que la Justicia resolviera acusarlo por el caso ‘golpe de Estado I’, perpetrado contra Evo Morales en 2019.
Este jueves, la Fiscalía imputó al gobernador por el presunto delito de terrorismo en grado de autor, y solicitó una medida de prisión preventiva de seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, porque considera que hay riesgo de fuga, reportan medios locales.
Tras su aprehensión, que ocurrió en medio de las protestas de sus seguidores y la movilización del oficialismo, Camacho se acogió a su derecho a guardar silencio por los cargos que se le imputan, mientras permanece recluido en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en La Paz.
Las únicas palabras del líder opositor fueron por escrito. «Quiero dejar en claro que soy orgulloso y llevo en alto haber formado parte de la lucha más grande de la historia de Bolivia por la libertad y la democracia», se lee en el texto divulgado por medios locales.
¿Confrontación en ciernes?
Pero la negativa de Camacho a declarar contrasta con las presiones que anuncian desde el movimiento que lidera en su región. Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, sugirió ayer que iniciaría una «innecesaria confrontación», en caso de que no se haga efectiva la liberación inmediata del gobernador.
«Señor Luis Arce Catacora, exigimos la inmediata liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, en aras de evitar la innecesaria confrontación que su gobierno pretende instalar en nuestro departamento», dijo citado por medios locales.
Según Calvo, la detención de Camacho –quien respaldó el gobierno de facto de Jeanine Áñez después de la caída de Morales– implica una «humillación» para el departamento de Santa Cruz y su institucionalidad.
De hecho, Áñez fue una de las primeras en solidarizarse con Camacho. En sus redes sociales, la expresidenta de facto aseguró que el Gobierno de Arce había organizado un «megaoperativo policial y militar para secuestrar» al gobernador. «Repudio y denuncio el abuso intolerable que trae más dolor y odio entre bolivianos», escribió.
Versiones cruzadas y desmentidos
Después de su detención, las protestas de lado y lado no se han hecho esperar. En Santa Cruz, los simpatizantes de Camacho se movilizaron para bloquear calles y protestar en los aeropuertos de El Trompillo y Viru Viru, con el propósito de impedir el despegue de las aeronaves.
No obstante, las autoridades lograron trasladar a Camacho a La Paz, donde se desplegaron movilizaciones para exigir justicia por la masacre de Senkata, ocurrida en 2019 en El Alto, y de la que responsabilizan al líder cruceño. En esa ocasión, la Policía y el Ejército reprimieron brutalmente con gases lacrimógenos y armas de fuego contra simpatizantes de Morales, provocando la muerte de 11 personas y dejando lesionadas a 78.
Ya detenido, el político opositor aseguró que no tenía «nada que esconder», por lo que no dudó en calificar su aprehensión como un «secuestro» perpetrado por la policía, de manera «brutal». Ese pronunciamiento provocó la reacción de la Fiscalía.
«La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del juez décimo de instrucción en lo penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz», reza el comunicado del órgano.
En noviembre pasado, las autoridades esperaban tomar la declaración de Camacho en calidad de sindicado, pero se reprogramó la citación por el paro que organizó la oposición en Santa Cruz, del cual el gobernador fue uno de sus principales voceros.
Desde el Ejecutivo, por su parte, se divulgó una fotografía para mostrar que el político había sido detenido «respetando los derechos constitucionales y derechos humanos», en palabras del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
«Desmentimos toda información sobre supuestas lesiones que se habrían causado al señor Camacho, e informamos que su salud es estable», añadió del Castillo.
Acción de libertad y más protestas
A pesar de lo que sostiene el Gobierno y la Justicia boliviana, los abogados de Camacho alegan que la detención fue irregular. Este jueves, el letrado Martín Camacho insistió en que su cliente no había sido citado a comparecer ante las autoridades y que la orden de detención «no estaba publicada ni en el sistema».
Por esa razón, adelantó que introducirán una acción de libertad, «apenas abran las oficinas de Palacio de Justicia» en Santa Cruz.
En paralelo, se espera que durante la jornada se lleve a cabo la «Asamblea de la Cruceñidad», anunciada ayer por Calvo, que pretende definir «la línea de acciones inmediatas» que se adoptarán en rechazo a la detención de Camacho.
La Defensoría, mientras tanto, realizó una valoración al político para garantizar el respeto de sus derechos humanos y llamó a la población «a mantener la calma», para «evitar actos de intolerancia que deriven en la confrontación y afecte la seguridad y convivencia pacífica de las bolivianas y bolivianos».
