El acuerdo original planteaba la suspensión de operaciones militares y operativos policiales en contra de los miembros del ELN que participen en el proceso de paz.
El Gobierno de Colombia ha decidido “suspender” el alto el fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), después de que la guerrilla informara el martes que no había ningún consenso para poner en pausa las actividades armadas de ambas partes.
El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció que el Gobierno suspendió “los efectos jurídicos” del decreto de cese el fuego bilateral anunciado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Ante la posición asumida públicamente el día de ayer (…) hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 diciembre de 2022 y en el siguiente ciclo (de negociación) se reactivaría el diálogo sobre este particular”, manifestó el ministro en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.
Prada invitó además “a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo de las comunidades étnico territoriales y campesinas”, mientras se resuelve el asunto del cese el fuego bilateral.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, convocó este miércoles a primera hora una reunión de urgencia para examinar lo ocurrido.
Prada confirmó ante los medios que el decreto publicado apenas unas horas antes sobre el alto el fuego “no produce ningún efecto jurídico”.
Acompañado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, Prada explicó que las Fuerzas Armadas “conservan la plenitud de las facultades” en la ofensiva contra los guerrilleros, lo que abre la puerta a nuevas medidas hasta que haya algún tipo de pacto.
El Gobierno quiere “dar el tiempo necesario” para acordar en la mesa de diálogo con el ELN los protocolos que deberían regir esa posible tregua. Una vez que esas medidas estén “totalmente acordadas”, entrará en vigor el decreto de alto el fuego, explicó el ministro.
Originalmente, el acuerdo planteaba la suspensión de operaciones militares y operativos policiales en contra de los miembros del ELN que participen en el proceso de paz. También se establecía un mecanismo de monitoreo integrado por las distintas partes y organizaciones sociales, así como la Iglesia Católica y un equipo de la ONU.
Tregua sí estará vigente para otros grupos insurgentes
El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, aseguró este miércoles que las disidencias de las FARC y al menos dos grupos paramilitares aceptaron el cese el fuego bilateral de seis meses anunciado por el Gobierno, después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) rechazara la propuesta gubernamental
“El Estado Mayor Central de las FARC-EP está comprometido con el cese bilateral decretado por el Gobierno nacional y avanzará en la definición del protocolo para el inicio de las conversaciones en los próximos días”, comunicó el ministro en una rueda de prensa en la Casa Nariño, en referencia sobre ese grupo disidente.
Por su parte, la Segunda Marquetalia “ha manifestado su compromiso con la construcción de la paz y por eso, como estaba previsto, se realizarán reuniones de los mandos de esa organización para avanzar en la definición de los asuntos metodológicos y temáticos de la mesa de conversaciones de paz”.
La Segunda Marquetalia es una disidencia de las FARC que lidera alias “Iván Márquez”, quien fue jefe negociador de esa guerrilla en los diálogos de paz y posteriormente decidió retomar las armas al frente de un grupo de guerrilleros alegando que el Gobierno incumplía el acuerdo firmado en noviembre de 2016.
Asimismo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las autodefensas de la Sierra Nevada “ratificaron su compromiso con el cese bilateral”, agregó el ministro.
Con estos grupos “se iniciarán los espacios de diálogos sociales y jurídicos en los términos previstos en la Ley 2272 del 2002” y tras la publicación el martes de los decretos correspondientes para poner en marcha el cese el fuego con estos cuatro grupos armados se inicia “la suspensión de operaciones militares y operativos policiales”.
En palabras de Prada este cese de la ofensiva “se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de las libertades públicas en todo el territorio nacional”.
Sin embargo, hasta el momento ninguno de esos cuatro grupos armados ilegales se ha manifestado sobre el cese el fuego bilateral de seis meses anunciado poco antes de la medianoche del pasado 31 de diciembre por el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Prada también indicó que el Gobierno “valora muy positivamente la voluntad de paz urbana de los grupos que operan en Buenaventura, Quibdó, Barranquilla, Medellín y el área metropolitana, Tumaco, Cali y Tuluá”, con los cuales “se han adelantado acuerdos básicos de respeto a la vida y se desarrollarán mecanismos para la transición hacia el Estado de Derecho”.
(EFE)
