SAN PEDRO SULA, HONDURAS.
El Ministerio Público (MP) ejecuta esta mañana de viernes varias órdenes de captura en San Pedro Sula contra desarrolladores de Ciudad Jaraguá y exfuncionarios municipales.
Comunicado íntegro del Ministerio Público:
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) junto a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), la ATIC y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó requerimiento fiscal con órdenes de captura para empresarios y ex funcionario municipales por la construcción en la zona de reserva El Merendón de lo que se conoce como proyecto habitacional Ciudad Jaraguá.
Como se sabe, El Merendón es una importante reserva natural y área protegida por ser el hábitat de una inmensa diversidad de flora y fauna además de la principal fuente de agua de los sampedranos, en tal sentido se acusó por una serie de delitos a las siguientes personas:
1.-CÉSAR OCTAVIO ELVIR PRIETO Representante Legal y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil MPG, S.A. de C.V.
2.-ANTONIO JOSÉ OVIEDO PRIETO Gerente General de la Sociedad Inmobiliaria EL ACTIVO, S de R.L. A quienes se les supone responsables por el delito de corte ilegal de producto forestal, daños en su modalidad de agravados, urbanización ilegal en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas, medio ambiente del Estado de Honduras, del orden territorial.
3.-JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ HERMOSILLA Representante Legal de la Empresa Constructora “DESARROLLOS URBANOS GUTIÉRREZ D.U.G”, a título de autor del delito de urbanización ilegal, en perjuicio del orden territorial.
4.-WILFREDO UMANZOR SABILLÓN Representante Legal de la Empresa Yesera Umanzor Comerciante Individual a título como autor del delito de uso ilegal de explosivos comerciales en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
5.-SAMUEL ALEXANDER FAJARDO ESCALANTE de la Unidad de Contaminantes en DIMA SPS.
6.-MARTÍN RAMón GALO ROLDÁN de la Unidad de Cuencas Dima SPS.
7.-SANTOS TURCIOS GARCÍA Jefe de la Unidad de Licencias Auditorias y Seguimientos.
8.-FAUSTO DANIEL BOGRÁN CÁRCAMO director de la Unidad de Protección y Control Ambiental.
Por suponerlos responsables de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios a título de autores, en perjuicio de la administración pública.
9.-CRISTY MARÍA RAUDALES BARAHONA Gerente General de la División Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, por suponerla responsables de tres delitos de abuso de autoridad a título de autor, en perjuicio de la administración pública.
De acuerdo a las investigaciones hechas por el Ministerio Público, este proyecto, ubicado entre Armenta y El Zapotal, inició con el corte y aprovechamiento de productos forestales y apertura de calles, lo que causó daños y perjuicios al Medio Ambiente principalmente a las fuentes de agua, flora y fauna de la Zona de Reserva.
Asimismo, se logró comprobar que los funcionarios municipales mencionados anteriormente, incurrieron en otras acciones típicas constitutivas de delito, quienes cooperaron desde sus cargos en la División Municipal Ambiental (DIMA), autorizando los permisos para corte y aprovechamiento de productos forestales y licencias ambientales sin observar las disposiciones administrativas.
A medida que el ilegal proyecto avanzaba se acreditó que en conexión directa con la tramitación y autorización de las licencias ambientales y los permisos correspondientes obtenidos de manera irregular, los representantes legales de las empresas desarrolladoras del proyecto Ciudad Jaraguá, continuaron con la construcción, y para ello, contrataron a dos empresas para realizar trabajos de voladura de rocas con explosivos y urbanización del proyecto, compañías que no estaban autorizadas legalmente para realizar este tipo de actividad.
Otro de los hallazgos fue que las empresas “Inversiones MPG S. A. de C.V” e “Inmobiliaria El Activo S de R. L.” al momento de realizar los descombros de árboles en los sectores de Armenta y el Zapotal, no contaban con el permiso para el corte de árboles, aquí el daño fue incalculable ya que arrancaron de raíz especies de madera de color que están vedadas en todo Honduras, causando severos daños ambientales en perjuicio de los pobladores en la capital industrial.
Otro dato importante que se descubrió fue que los desarrolladores dividieron el proyecto habitacional en tres partes para luego solicitar la licencia ambiental como un proyecto Categoría 3, pero los diferentes dictámenes e informes emitidos por FEMA del Ministerio Público y Secretaría de Recursos Naturales concluyeron que dicho proyecto de acuerdo a sus dimensiones supera los 30,000 m2 y en razón de su naturaleza, su impacto ambiental muy alto, su tipo de construcción, características de la urbanización, sitio geográfico de ubicación y zona considerada ambientalmente frágil, entonces Ciudad Jaraguá es Categoría 4.
Es así que los funcionarios municipales se tomaron una atribución que no era de su competencia en razón de las actividades obras o proyectos de categoría 4, quienes debieron rechazar dicha solicitud, para que fuera la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA como autoridad competente y la única autorizada legalmente para categorizar el proyecto y posteriormente extender la Licencia Ambiental correspondiente a categoría 4.
A pesar de todas las irregularidades anteriores y aun sin contar con todos los permisos respectivos los desarrolladores han continuado construyendo el proyecto en manera ilegal, ya que no contaban con la aprobación final, por parte de la Comisión Técnica de Urbanismos y Obras Públicas, ni había sido del conocimiento ante la Corporación Municipal, por lo que es considerado una Urbanización Ilegal, también hay que agregar que la Dirección de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de San Pedro Sula, recientemente realizó inspección a la Urbanización de “Cumbres de Jaraguá” concluyendo que la construcción del sistema de alcantarillado y agua potable, no tienen aprobación por la autoridad competente Municipal.
En total, son nueve allanamientos de domicilio que se efectúan con el objetivo de cumplir órdenes de capturas libradas a empresarios y empleados de la municipalidad de San Pedro Sula, por supuestas irregularidades cometidas en la ejecución del proyecto Ciudad Jaraguá.
