TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La elección de los quince nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras supone un reto para el Parlamento, un poder que, al igual que el Judicial, no ha gozado de la confianza de los hondureños en cuatro décadas de democracia del país centroamericano.
Los nuevos magistrados del Supremo serán electos este miércoles en un ambiente de mucha expectación entre los hondureños, incluso incertidumbre, y de la comunidad internacional acreditada en Tegucigalpa, que le han venido dando seguimiento al proceso desde septiembre de 2022.
BUEN TRABAJO DE LA JUNTA NOMINADORA
En septiembre se instaló la Junta Nominadora (JN) que el lunes le entregó al Parlamento una lista de 45 profesionales de las leyes, 23 mujeres y 22 hombres, para escoger a los 15 nuevos magistrados.
Ante eventuales presiones de activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Nacional, primera fuerza de oposición, la Policía Nacional ejercerá desde hoy un riguroso sistema de seguridad en los alrededores del Parlamento.
La JN recibió más de 150 postulaciones que después se redujeron a 82, de los que escogió a los 45 mejor calificados que aspiran a un puesto en el pleno del Supremo para el período 2023-2030.
La opinión casi generalizada es que la JN hizo un buen trabajo y que ahora la prueba de fuego es para el Parlamento, donde se juegan muchos intereses, no de ahora, entre ellos el de que el partido de Gobierno, en este caso el Libertad y Refundación (Libre), mediante el cual llegó al poder en Honduras, Xiomara Castro, estaría apostando por tener la mayoría de magistrados en la CSJ.
Entre las principales fuerzas de oposición se aboga por una elección transparente de los nuevos magistrados y que no haya repartición, como la hubo con los actuales representantes del Supremo, con ocho del Partido Nacional, y siete del Partido Liberal, segunda fuerza de oposición.
Libre no las tiene todas a su favor, considerando que para la elección de los quince magistrados se necesita una mayoría calificada de al menos 86 votos, en un Parlamento de 128 diputados, de los que 50 son del partido gobernante, 44 del Nacional, 22 del Liberal, 10 del Salvador de Honduras (PSH), uno del Anticorrupción (PAC) y uno del Demócrata Cristiano (PDCH).
HONDUREÑOS DEMANDAN UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE
Para asegurar los 86 diputados, Libre necesitaría del voto de varios diputados del Partido Nacional, su más enconado adversario político, al que acusa de haber gobernado entre 2010 y 2022 mediante fraude y narcotráfico.
Según analistas, los quince magistrados se repartirán entre los partidos Libre, Nacional y Liberal.
En ese juego, hay quienes afirman que la apuesta de Libre sería por controlar el Supremo con ocho magistrados, mientras que los siete restantes quedarían entre los partidos Nacional y Liberal.
Al margen de los acuerdos que surjan, lo que los hondureños demandan es un Supremo independiente.
La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, Alice Shackelford, dijo en la víspera que «con la próxima elección de magistradas y magistrados para la Corte Suprema de Justicia, debemos mantener la confianza en el proceso de la Junta Nominadora, quien ha realizado un proceso objetivo y transparente».
El lunes, Shackelford felicitó a la JN «por ir adelante en tiempo y forma» con el proceso para la selección de los magistrados y agradeció el «trabajo y compromiso de cada integrante».
«Celebramos este proceso crítico para el fortalecimiento del Estado de derecho», subrayó la representante de la ONU.
El exjefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) Juan Jiménez, dijo en Tegucigalpa que «el gran problema» del país centroamericano «sigue siendo la impunidad» y abogó por una CSJ «independiente» para combatir ese flagelo.
Honduras necesita operadores de Justicia que hagan «investigaciones serias y condenas a aquellas personas que han defraudado la confianza ciudadana», subrayó Jiménez, jurista peruano.
Jiménez es miembro de una Misión Internacional de Observación (MIO) que realiza una veeduría independiente del proceso de elección de los nuevos magistrados de la CSJ de Honduras.
Con información de EFE
