TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Tribunal de Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitirá este martes el fallo sobre la denuncia que el 12 de diciembre de 2012 interpusieron cuatro exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Estado de Honduras por haber sido destituidos de sus cargos de forma arbitraria e ilegal.
Las víctimas del caso conocido como Gutiérrez Navas y otros vs Honduras son: José Antonio Gutiérrez Navas; José Francisco Ruíz; Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosa Linda Cruz Sequeira.
Dos de los exmagistrados rindieron sus testimonios recordando los casos que, supuestamente, justifican su destitución por no estar de acuerdo con resoluciones del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional que, a su criterio, afectaban la economía y la seguridad del Estado.
La CIDH resolverá al término de los dos días de audiencia sobre fondos eventuales, reparaciones y demás cosas que implicaría una eventual condena contra el Estado de Honduras.
«En su informe de fondo, la CIDH concluyó que la destitución de las víctimas resultó arbitraria y violatoria de los derechos políticos, principios de legalidad, garantías judiciales y protección judicial conforme a la Convención Americana», indicó Erick Acuña, representante de la CIDH.
Fueron destituidos arbitrariamente
A efectos de llegar a dicha conclusión, la CIDH identificó, primeramente, que no existía normativa en dicha época de los hechos que habilitara al Congreso Nacional a destituir a miembros de dicho tribunal mediante un procedimiento sumario.
En segundo lugar, la CIDH consideró que se configuró una violación al principio de legalidad, en tanto a la norma constitucional en la cual se enfundó la destitución de las víctimas, que carecía de toda precisión en cuanto a conductas que resultaban reprochables disciplinariamente, e incluso, las sanciones aplicables.
Testimonios
En el desarrollo de la audiencia pública, la CIDH llamó al exmagistrado José Francisco Ruíz en condición de declarante, quien relató cómo la destitución afectó su vida privada y profesional.
«Existieron muchas presiones, amenazas e interferencias que obviamente venían del presidente de la República (Porfirio Lobo Sosa / 2010-2014) y del Congreso Nacional (Juan Orlando Hernández) en ese entonces», mencionó Ruíz.
«Hubo algunos fallos (…) cuatro recursos de inconstitucionalidad generaron muchos ataques a la Sala de lo Constitucional y a nosotros cuatro en particular como magistrados, ataques que fueron públicos y otros de forma privada», agregó el exmagistrado.
En el turno de Rosa Linda Cruz Sequeira respondió al temor que generó en ella la situación posterior a su destitución, y habló sobre qué criterios le mereció la visita que hizo por invitación del Gobierno de Honduras a Corea.
«El expresidente Lobo nos dijo que era la maravilla para Honduras e invitó a dos compañeros nuestros para que fueran a Corea a conocer las ciudades», recordó Cruz.
Y agregó: «Cuando llegó el proyecto a la CSJ y después de tanta presión que recibimos por ese proyecto, nosotros al hacer el análisis jurídico vimos todos los aspectos inconstitucionales que presentaba la ley. Era crear un Estado dentro de otro Estado porque las ‘ciudades módelos’ tenían su propio territorio».
Las audiencias públicas continuarán este martes 7 de febrero y se espera que la CIDH, previo a dictar su veredicto, llame a las otras dos víctimas, José Antonio Gutiérrez Navas y Gustavo Enrique Bustillo Palma.
El Dato
El 12 de diciembre de 2012, 93 de los 128 diputados del CN votaron a favor de la destitución de los jueces, cuyo periodo constitucional culminaba en 2016, año en que fueron electos los magistrados del periodo 2016-2023.
