TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La bancada de oposición del Partido Nacional, mediante un comunicado de prensa, calificó la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) como una copia a las normativas de defensa de Nicaragua con la elaboración de la “Agenda Nacional de Riesgos”, como un instrumento de persecución a sus detractores.
Los parlamentarios enunciaron en el documento que la pretensión del oficialismo en la aprobación de la ley, obedece a la evidente amenaza de definir los controles sobre las escuchas telefónicas, que en la anterior ley si existían. Asimismo, criminaliza la protesta y dispone de poderes para callar a los medios de comunicación, las iglesias o a la empresa privada.
Los señalamientos resurgen una semana después haber frenado el intento de Libertad y Refundación (Libre) para aprobar en un solo debate la polémica ley, sin dar el espacio suficiente a la discusión.
Las bancadas del Partido Salvador de Honduras (PSH), Liberal (PL) y Nacional (PN) votaron en contra de la normativa el pasado miércoles debido a considerar que la ley contraviene a la Constitución misma y contiene excesos.
Comunicado
Ante la pretensión del Partido Libre de aprobar una nueva Ley de Seguridad y Defensa lesiva para los hondureños, la bancada del Partido Nacional de Honduras, al pueblo hondureño y la comunidad internacional advierte lo siguiente:
1.- El proyecto de la nueva Ley de Defensa y Seguridad conlleva de manera oculta la intención de concentrar mayor poder en la Presidencia de la República, y con ello, buscando alinear todo el aparato del Estado para los planes de refundación de Honduras, que pretende el Partido Libre. Uno de esos excesos, de los que no se refieren al respecto, es la pretensión de nombrar al director de la Policía Nacional, por sobre la carrera policial y obedeciendo antes a caprichos políticos.
2.- La Ley contempla varias amenazas a la democracia y la libertad, y una de esas agravantes es la elaboración de lo que llaman “Agenda Nacional de Riesgos”, imitando una ley similar a la de Nicaragua, en la que todo opositor al régimen, al entrar en esa lista negra, se convierte en una amenaza para el Estado, y, por tanto, es blanco de represión, exilio y muerte. Otra evidente amenaza es no definir los controles sobre las escuchas telefónicas, que en la anterior ley si existían. Asimismo, criminaliza la protesta y dispone de poderes para callar a los medios de comunicación, las iglesias o a la empresa privada.
3.- La nueva ley, además crea una figura que tendría iguales poderes a los conferidos a la presidente Xiomara Castro, se entiende el caso del secretario ejecutivo, a quien se le pretenden delegar todas las funciones que en materia de defensa y seguridad se le otorgan, en la Constitución, al presidente de la República. Asimismo, le asigna atributos que se derogaron con la Ley de Secretos, y precisamente esta sería la nueva Ley de Secretos del régimen Zelaya-Castro.
La gran pregunta es: ¿a quién quieren nombrar en ese puesto?
