La crisis alimentaria que viven los hondureños vuelve impostergable la necesidad de adoptar medidas inmediatas y urgentes para la protección integral de los derechos humanos, asociados con las condiciones de vida de la población, advirtió la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
El Gobierno de Honduras debe mantener, como tema principal en su agenda, la crisis alimentaria, de manera que las políticas y acciones a implementarse, estén orientadas a atender las necesidades y desafíos que la magnitud del problema demanda, expresó.
Algunos informes estiman que, en Honduras, unos 2.6 millones de personas estarían en crisis o en emergencia de inseguridad alimentaria que requieren de atención urgente.
La crisis en mención, según el Conadeh, es producto de la marcada alza en el precio de los productos de la canasta básica y de los combustibles.
Asimismo, el problema se deriva de la disminución en la producción de granos básicos como el maíz y el frijol, debido a razones climáticas, al limitado acceso a los insumos, aspectos que inciden en un aumento de precios de los alimentos básicos en la dieta del hondureño.
En las últimas semanas, el Conadeh atendió quejas de personas que denunciaron los altos precios de productos de la canasta básica como, los huevos, los frijoles, las tortillas, el aceite y el café, entre otros.
Las alzas han sido constatadas a través de la tabla de precios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico.
Ante esa situación, el Conadeh retomó las Directrices para la Protección del Consumidor de Naciones Unidas, para instar al Estado hondureño a formular políticas y planes nacionales que garanticen la seguridad alimentaria de la población.
La seguridad alimentaria y nutricional, es entendida como el estado en el cual todas las personas gozan de forma oportuna y permanente del acceso a los alimentos que necesita en -calidad y cantidad- para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles a las personas un estado de bienestar que contribuya al desarrollo humano.
Honduras, como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), reconoce el derecho humano fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y se obliga a adoptar medidas para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, y asegurar un reparto equitativo de los mismos en relación con las necesidades de la población.
En los últimos años, el Corredor Seco de Honduras fue declarado en situación de “emergencia” para enfrentar los efectos de la escasez de agua que provocó la pérdida de cultivos y la capacidad adquisitiva de las familias en las zonas afectadas.
En el marco de esas emergencias unas 65,000 familias de 74 municipios presentaban una afectación severa, otras 51,800 familias de 34 municipios sufrieron una afectación moderada y alrededor de 53,000 familias de 37 municipios, con afectación leve.
La última emergencia destacó que las más de 170,000 familias afectadas estaban distribuidas en 145 municipios de los departamentos de Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Yoro, Choluteca, Intibucá, La Paz y Valle.
