Cientos de miles de personas, según los organizadores, rechazaron el proyecto que ya fue aprobado por el Congreso y debe ser promulgado por el Presidente. La oposición irá a la Corte Suprema.
Cientos de miles de personas, según los organizadores, colmaron este domingo el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, por segunda vez en cuatro meses, para manifestar su rechazo a una reforma electoral impulsada por el presidente Andrés López Obrador, según mostraron las cámaras de la urbe. Tanto la oposición como el propio instituto electoral ya adelantaron que irán a la Corte Suprema para frenar los cambios.
Bajo la consigna “Mi voto no se toca”, una multitud vestida de blanco y rosa, los colores institucionales del organismo electoral, llenó gran parte del paseo y varias calles aledañas del centro histórico de la capital. La protesta fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el Frente Cívico Nacional, que criticó las medidas de seguridad en torno del Zócalo dispuestas por las autoridades, que no obstante, no evitaron la movilización.
Bajo la consigna “Mi voto no se toca”, una multitud vestida de blanco y rosa, los colores institucionales del organismo electoral, llenó gran parte del paseo y varias calles aledañas del centro histórico de la capital. La protesta fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el Frente Cívico Nacional, que criticó las medidas de seguridad en torno del Zócalo dispuestas por las autoridades, que no obstante, no evitaron la movilización.
“¿A qué le tiene miedo?”, preguntó en Twitter uno de los convocantes, Claudio González, en alusión a López Obrador, y agregó: “¿A la ciudadanía? ¿A la democracia? ¿A elecciones libre y neutras?” Sin embargo, militantes y referentes oficialistas en México reivindicaban que la manifestación se puedo realizar en calma y que la masiva convocatoria demostraba que la democracia no está en peligro, como sostiene la oposición.
El miércoles pasado, el Senado dio la aprobación final del Congreso a la reforma que impulsó el Gobierno de López Obrador y que ahora debe ser promulgada. El corazón de los cambios es modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), al que el oficialismo acusa de ser demasiado caro y grande, y de haber tolerado varios casos de fraude en el pasado, algunos incluso en elecciones presidenciales.
Es el día de hoy que tanto López Obrador como muchos de sus seguidores siguen sosteniendo que el INE permitió que le robaran la victoria presidencial en 2006. Durante meses recorrió el país reclamando una investigación y un recuento, pero finalmente abandonó esa lucha en las calles, con la que llegó incluso a llenar el mismo Zócalo que hoy reclamaba «defender la democracia».
Tanto el INE como la oposición, sin embargo, rechazan la reforma actual y sostienen que pondrá en peligro la democracia, al debilitar la capacidad de garantizar elecciones transparentes en el futuro. La institución sostiene que con los cambios planteados en la futura ley será eliminado 85% de su personal de carrera y se reducirá su capacidad operativa.
Para un sector de México, el INE es considerado el gran artífice de la transición democrática que permitió a partir de 2000 la alternancia de diversos partidos en el gobierno tras los 70 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, para otro, en el que López Obrador es un referente, es una institución que permitió el escándalo de 2006.
Según denunció el INE, las reformas disminuirán su estructura territorial al eliminar 300 juntas distritales en todo el país, que son los órganos que preparan, organizan y celebran las elecciones. En cada estado habría ahora una oficina operada por una sola persona.
Con esos cambios se afectará la actualización y la depuración del padrón electoral -de unos 93 millones de votantes-, afirmó el ente en un análisis del articulado de la reforma. También desaparecerá el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y se limitará la capacidad de monitorear la propaganda electoral en radio y televisión, agregó.
Igualmente, la reforma acotará las atribuciones del INE para sancionar a los funcionarios públicos que se expresen a favor de un candidato en campaña. “Son piezas clave del diseño legal e institucional del sistema electoral mexicano que ha permitido la renovación pacífica y periódica de los poderes a través del voto libre y secreto pueden correr el riesgo de verse lesionadas”, subrayó el organismo.
En tanto, partidos opositores sostuvieron que con esos cambios se afecta la independencia del INE y se inclina la balanza a favor del gobierno de cara a los comicios presidenciales, previstos para mediados de 2024. Por eso, tanto el INE como los partidos de oposición anunciaron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia con el objeto de impugnar la reforma sancionada.
Los cambios a la legislación electoral fueron aprobados luego de que en diciembre pasado fracasara un proyecto de reforma constitucional destinado a eliminar el INE. Esa iniciativa originó una multitudinaria protesta el 13 de noviembre, también en la Ciudad de México. Apenas unos días después, López Obrador convocó a su propia manifestación masiva, marchó a través de las calles de la capital con cientos de miles de personas y finalmente dio un largo discurso ante un Zócalo colmado para defender su gestión.
