De acuerdo al Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh), las denuncias pasaron de 9,782 en el 2021 a 10,354 en el 2022, la mayoría de ellas presentadas por personas en condición de vulnerabilidad, como mujeres, adultos mayores, privados de libertad y adolescentes.
En este mismo grupo están la comunidad LGTBI, indígenas, trabajadores sexuales, campesinos y personas con discapacidad, agrega el reporte.
En 2022, alrededor de 30 modalidades violatorias a los derechos humanos alcanzaron el 72 por ciento de las quejas, seguidas de 1,309 víctimas de amenazas a muerte, mientras que a 1,188 se le negó el acceso a la justicia y al debido proceso.
Otras personas se quejaron de haber sido víctimas de desplazamiento forzado, abusos de autoridad, violación a los derechos laborales, cobros indebidos, malos tratos, hostigamiento, asesinato de parientes y amigos, entre otros.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, declaró que la violencia generada por el crimen común y organizado, sigue siendo uno de los factores más fuertes que atentan contra el derecho a la vida, que incluye no solo la referencia de homicidios por habitantes, sino también, las consecuencias graves de algunas víctimas que terminan con serias lesiones a su integridad física.
En el 2022, agregó la funcionaria, también fueron frecuentes las denuncias interpuestas por la ciudadanía sobre vulneraciones al derecho a la integridad personal y, en las cuales, se involucran a los cuerpos de seguridad del Estado, así como de particulares, por los constantes actos de irrespeto a la dignidad de las personas.
La funcionaria instó a las instituciones competentes a ejercer con firmeza, con enfoque de derechos humanos y debida diligencia, la investigación, identificación, sanción y enjuiciamiento de los responsables, y a evitar la repetición de hechos que lesionan los derechos fundamentales de los habitantes.
Con respecto al acceso a la justicia, indicó que es uno de los ejes fundamentales del Estado de Derecho y que su ejercicio es fundamental para que todo ser humano pueda acudir ante los órganos encargados de impartir de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.
Sin embargo, en la práctica, este derecho es impedido por la existencia de obstáculos normativos, sociales y económicos que imposibilitan a las personas ejercer su derecho de defensa en juicio y que obtenga una revisión judicial idónea, incluso su acceso a los procesos judiciales o administrativos, agregó.
