TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Un total rechazo recibió el primer intento de socialización de la nueva Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), que, en caso de finalmente ser aprobada, sustituirá a la vigente desde 2011.
Las autoridades de la Secretaría de Educación convocaron desde el 3 de marzo de 2023 a los profesores hondureños a la primera etapa de socialización de esta nueva ley, que inició el lunes.
En Tegucigalpa, los mentores fueron citados en el Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC), donde las autoridades educativas se encontraron con un total rechazo de entrada.
Exaltados, los profesores impidieron que las autoridades educativas realizaran una presentación que contenía detalles de la nueva normativa.
«Queremos la ley del 80», gritaban al unísono varios de los docentes que llegaron al ICVC.
El 21 de diciembre de 2011, el Congreso Nacional derogó el decreto 1026-1980 y aprobó la vigente normativa, contenida en el decreto 247-2011.
No obstante, desde su entrada en vigor, esta ley ha recibido el rechazo de varios dirigentes magisteriales, porque, aseguran, les cercena derechos relacionados con su jubilación.
La ley original permitía a las y los docentes jubilarse a los 50 años, habiendo contado con 30 años de servicio.
En cambio, con la ley actual, la docencia está obligada a jubilarse entre los 56-59 años, y, en algunos casos, a cumplir más de 30 años de servicio.
Desde que asumió su cargo, el secretario de Educación, Daniel Sponda, prometió revisar la Ley del Inprema vigente desde 2011, ya sea para reformarla o modificarla.
A pesar de ello, justo ahora que inició la socialización de una nueva normativa, las y los docentes se mostraron reacios y exigieron que se retorne a la antigua normativa.
«Nosotros queremos que se regrese a la ley de 1980, porque, así como crearon la ley de 2011, sin consultarle a las bases del magisterio y atropellando nuestros derechos, esa ley puede volver a surgir», señaló la dirigente magisterial Larisa Pineda.
La nueva normativa, es decir, la que los docentes no dejaron presentar en el ICVC, permitiría a las y los docentes obtener su jubilación entre los 52 y los 55 años, además les dejaría retirarse con 25 años de servicio, es decir, cinco años menos que la vigente normativa.
La dirigente magisterial declaró que, aunque la ley que se socializa disminuye la edad límite de jubilación, se dejan por fuera otros aspectos.
«Debo reconocer que están bajándola a 55 años, pero la anterior estipulaba que era a los 50. Aquí también hay que ver varios aspectos importantes. Uno de ellos es que el docente, cuando se jubila, pierde el derecho al seguro social, lo cual nos deja desprotegidos, y ¿qué hacemos? Con nuestro dinero de jubilación pagar nuestras citas y nuestras medicinas», manifestó.
No obstante, el contenido que se socializa por parte de la Secretaría de Educación también les quitaría el derecho a las 60 rentas en vida y, a cambio, les conferiría un bono de L400,000.00, otra situación que enardeció al magisterio.
«Este bono será pagadero a cuatro años», refirió el comisionado interventor del Inprema, Francisco Bocanegra.
¿Qué se necesita para aprobar la nueva ley?
Si el magisterio y las autoridades educativas comienzan a llegar a acuerdos, el borrador del anteproyecto se enviará al Poder Ejecutivo para ser discutido en Consejo de Ministros.
Finalmente, el Ejecutivo remitiría al Congreso Nacional el proyecto de decreto, el que necesita 65 votos para su aprobación.
