ARGENTINA.
(RT)- El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer hoy los fundamentos por los que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que ella ha calificado como un intento de proscripción.
Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso revelaron sus argumentos tres meses después de haber dictado una sentencia que será apelada tanto por la expresidenta como por los fiscales que la acusaron.
En un documento de 1616 páginas, los jueces aseguraron que durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) hubo una «manifiesta connivencia y protección» de los organismos estatales para favorecer al empresario Lázaro Báez con el otorgamiento irregular de obras públicas en la patagónica provincia de Santa Cruz.
«Se han acreditado dentro de la maniobra diversos aspectos a través de los cuales se concretó un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas durante el período analizado», afirmaron.
Las consecuencias de esta cartelización de la obra pública, añadieron, «fueron devastadoras» y causaron un perjuicio al Estado más de 646 millones de pesos (3.2 millones de dólares).
«Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, como responsable del Poder Ejecutivo Nacional y por mandato constitucional jefa suprema de la Nación, jefa del gobierno yresponsable política de la administración general del país, tuvo una intervención fundamental para la concreción del ilícito», señalaron.
Los jueces subrayaron que las licitaciones en favor de Báez tuvieron como fin último beneficiar a los Kirchner.
Ello se debe a que la tesis central de la acusación es que el Gobierno le adjudicaban obras a Báez, quien recibía los millonarios recursos públicos y luego les contrataba a los Kirchner supuestos servicios hoteleros. Es decir, que parte del dinero terminaba en la familia presidencial.
«Cada una de esas decisiones fue adoptada con un interés y una finalidad de carácter económico, de tinte personalísimo, pues ella (la vicepresidenta), en su persona, resultaría al fin de cuentas una de las beneficiarias últimas de esta compleja maniobra criminal», aseguraron.
Además, consideraron que no existió ningún atenuante para Fernández de Kirchner, ya que goza de un alto poder adquisitivo y cuenta con contención familiar y alta formación profesional.
«Su vasta trayectoria como representante de algunos de los poderes constituidos y, sobre todas las cosas, el colosal poder político (con suproyección económica y mediática) del que ha gozado durante el período investigado, evidencian la sobrada capacidad que tuvo para motivarse y ajustar su comportamiento a la observancia de la norma (la ley)», señalaron.
Debido precisamente a que Fernández de Kirchner ocupó el máximo cargo institucional del país en dos ocasiones (2007-2011, 2011-2015), los magistrados advirtieron que los hechos juzgados «afectan y ponen en jaque alsistema democrático tal como lo conocemos» y deben ser castigados con esa misma intensidad.
«Se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional», acusaron.
«Lawfare»
Los jueces aprovecharon los fundamentos del fallo para responderle a Fernández de Kirchner, quien insiste en denunciar que la condena en su contra ya estaba escrita de antemano porque es víctima de «lawfare», es decir, de una persecución judicial con fines político-partidistas y electorales ajenos por completo a la búsqueda de le justicia.
«Ya resulta un cliché de todo ex o actual funcionario público imputado en una causa penal -de cualquier espacio político, por cierto- el vincular el devenir del proceso con la coyuntura política o el calendario electoral», señalaron.
Este argumento, explicaron, forma parte de una estrategia de defensa que tiende a influir más en el ámbito de los medios de comunicación que en cualquier otro universo.
«Pensemos solamente que en nuestro país hay elecciones, como mínimo, cada dos años, y que en los años sin comicios de todos modos hay una constante actividad preelectoral, lo que implica que siempre una investigación o un juicio penal podrá ser maliciosamente vinculadocon aquellos actos de la política con la finalidad de deslegitimarlos mediáticamente», afirmaron.
Recordaron, además, que los imputados siempre denuncian especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot y cacería judicial.
«Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa (…) cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública», señalaron.
El proceso
En el juicio, que comenzó en mayo de 2019 y culminó el pasado 6 de diciembre, se le encontró culpable del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», pero fue absuelta por los cargos de «asociación ilícita».
A lo largo del proceso, en el que hubo otros 12 imputados, Fernández de Kirchner denunció que era víctima de una persecución judicial que buscaba a toda costa condenarla y proscribirla para que no pudiera volver a postularse a ningún cargo público.
También denunció la indebida relación de uno de los fiscales que la acusó con uno de los jueces que la condenó, y de ambos con el expresidente Mauricio Macri, ya que los dos iban a jugar futbol a una casa de su propiedad.
Pero de nada sirvieron las impugnaciones. La causa culminó con un fallo histórico, porque Fernández de Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio condenada por corrupción.
A partir de ahora, las partes apelarán la condena ante la Cámara de Casación y después ante la Corte Suprema de Justicia. El fallo sólo quedará firme cuand se pronuncie el máximo órgano de justicia, que es la última instancia, para lo cual pueden transcurrir varios años. Mientras tanto, la vicepresidenta puede seguir postulándose a los cargos que quiera.
Anoche, simpatizantes de Fernández de Kirchner realizaron una vigilia frente a los Tribunales a la espera de que se dieran a conocer los fundamentos de la condena y que serán respondidos mañana por la propia vicepresidenta durante un evento que realizará en la provincia de Río Negro.
