TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Ser joven en Honduras, donde 31.868 han sido asesinados entre 2010 y 2022, es el principal factor para ser víctima de la espiral de violencia que vive el país, donde la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), pidió tomar medidas inmediatas para una desescalada.
«Es un peligro ser joven en Honduras» por la violencia que vive el país centroamericano, aseguró a EFE el director de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez.
Eso se refleja, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en el asesinato de 31.868 niñas, niñas y jóvenes entre 2010 y 2022, la mayoría en la impunidad, en diferentes ataques principalmente en la vía pública.
Vásquez considera que la falta de oportunidades en salud integral, educación, seguridad ciudadana y social «obliga a las personas, no solamente, a abandonar el país, preferir morir en el intento, buscando mejores oportunidades de vida, asumiendo responsabilidades que les corresponden a los adultos, sino que, en muchos casos, también son asesinados».
Los niños y jóvenes son víctimas del crimen organizado, las redes de narcotráfico que han «penetrado la institucionalidad», la violencia común y la estructural que afecta al país, añadió.
Honduras vive una ola de violencia que afecta a toda la población y causa a diario un promedio de entre 12 y 15 homicidios en este año, según cifras oficiales.
SIN ESTRATEGIA EN SEGURIDAD CIUDADANA
De acuerdo a un informe del Observatorio de la Violencia, 4.182 de las muertes corresponden a niños de 0 a 17 años, y 27.686 a personas menores de 29 años.
El 74 % de las muertes violentas de niños y jóvenes ocurrieron en la vía pública, y el 69,1 % de las víctimas murieron por arma de fuego.
La población de 0 a 29 años es uno de los sectores «más vulnerabilizados por el sistema» en Honduras, país de 9,7 millones de habitantes, de ellos más del 70 % son pobres, señaló el director de la Red de Coiproden, que aglutina a más de 20 organizaciones sociales defensoras de la niñez y la familia.
«La desigualdad social, la miseria y la exclusión social en la que se encuentra la mayoría del pueblo hondureño, están afectando de manera particular a la niñez, adolescencia y juventud, quienes se ven en algunos momentos cooptados por el crimen organizado, las maras y las pandillas, y también se ven afectados por parte de la violencia común que se da en el país», subrayó.
Lamentó que mientras en Honduras «no exista una estrategia de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, pues se seguirá afectando de manera directa a este sector vulnerabilizado por el sistema».
POLÍTICAS PARA PREVENIR VIOLENCIA
Vásquez considera fundamental que Honduras tomé «decisiones al más alto nivel» para una desescalada de la violencia en el país, donde la presidenta, Xiomara Castro, ha venido exigiendo a las autoridades de la Secretaría de Seguridad «resultados» ante la alta criminalidad.
La presidenta hondureña, apostilló, debe «girar instrucciones a cada secretario de Estado para que la prevención de la violencia, para que la seguridad ciudadana, no sea solamente una responsabilidad de la Secretaría de Seguridad o de las Fuerzas Armadas de Honduras».
Cree además que el país necesita impulsar políticas de Estado encaminadas a prevenir la violencia hacia la niñez y la juventud, implementar una «hoja de ruta nacional» frente a «la crisis» que vive Honduras por la violencia generalizada e instalar «urgentemente» el Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia.
El tema de la niñez y juventud «está en un completo abandono» por el Estado ante la falta de políticas públicas «para garantizar esa protección integral a los derechos fundamentales», lo que refleja que «no existe ni voluntad ni obligatoriedad política» en Honduras, acotó el director de la Red de Coiproden.
Con información de EFE
