TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Código Penal vigente, «además del proceso de aprobación que está viciado de nulidad, el contenido es altamente lesivo para el pueblo hondureño al haberse reducido penas para delitos de corrupción, violencia contra la mujer y criminalizado la protesta social», señaló este jueves la diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala.
La parlamentaria oficialista y miembro de la comisión especial que se encargó de investigar la discusión, votación y aprobación del Código Penal, en 2019, aseguró que hay al menos 20 diputados actuales «que fueron parte de (la aprobación) de las irregularidades» en la normativa.
Ayala informó que próximamente remitirán a la secretaría del Congreso Nacional el informe de los hallazgos en la aprobación del Código Penal para que este se presente al pleno de diputados a más tardar en el mes de abril.
«Queremos trasmitirle al pueblo hondureño el dolo, la acción deliberada que hubo de varios diputados y diputadas de aprobar una normativa penal que les beneficiara y protegiera de actos de impunidad», exteriorizó.
El informe será acompañado con documentos de respaldo y con los nombres y apellidos de los exdiputados y diputados actuales que apoyaron la normativa, pese a que tenía vicios de nulidad, según anunció Silvia Ayala.
La comisión especial sugerirá, además de anular el Código Penal, que el Ministerio Público investigue a los legisladores que votaron a favor de la ley, según Silvia Ayala.
Anomalías del Código Penal de 2019
Según Ayala, entre los hallazgos en la investigación de la discusión, votación y aprobación del Código Penal, es que no es el mismo proyecto que se introdujo en el Congreso anterior, tampoco el que se remitió a la Corte Suprema de Justicia para que emitiera su opinión, ni el que se aprobó, el que fue a una comisión de estilo ni el que se publicó en La Gaceta.
Otra de las anomalías identificadas, es que «no se lograron los votos necesarios» (65) en varios numerales y que «un artículo se aprobó de una forma y se publicó de otra», dijo, por su parte, el diputado Ramón Barrios, el pasado 20 de marzo.
El Código Penal vigente se aprobó el 28 de mayo de 2019, y entró en vigencia, el 25 de junio de 2020.
Algunas organizaciones de sociedad civil, como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), catalogan al Código Penal como un «instrumento de impunidad», porque contempla penas menores, a las que establecía la ley que se aplicó en el país entre 1985 y 2020, en delitos de corrupción, narcotráfico y violencia contra las mujeres.
