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domingo, noviembre 24, 2024
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Conadeh: demanda cumplimiento en aplicación de descuentos para adultos mayores

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La Defensoría de Personas Adultas Mayores del Conadeh deploró que la pobreza, la miseria, el abandono y las múltiples violaciones a los derechos humanos de la tercera edad, son factores que se acentúan cada día más en este sector vulnerable de la población.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), indicó que un alto porcentaje de adultos mayores sobrevive bajo el “paraguas” de la indiferencia de las autoridades y muchas veces hasta de sus propios familiares.

Reveló que las empresas no deben alegar desconocimiento de los descuentos establecidos en la ley para este sector de la población y que existen instancias del Estado creadas para hacerlas cumplir y establecer las sanciones para quienes las incumplan.

Explicó que la Ley Integral del Adulto Mayor establece descuentos permanentes del 25 por ciento en el pago de la factura por el suministro de la energía eléctrica, por servicios de salud en hospitales y clínicas privadas, así como en el consumo individual de comida en restaurantes y cafeterías.

Igual porcentaje se aplica a los pasajes aéreos, terrestres o marítimos, nacionales o internacionales, en empresas públicas o privadas que operan en el territorio nacional.

Recordó a los familiares o responsables del adulto mayor fallecido que, por el uso de las salas funerarias, compra de cajas mortuorias y lotes en cementerios, el descuento establecido en los casos señalados es del 25 por ciento.

Añadió que el descuento en las tarifas por el servicio de alojamiento en hoteles y hospedajes, de lunes a viernes, es del 30 por ciento, sin embargo, se reduce al 20 por ciento durante los días sábados y domingos.

Respecto al pago de las actividades de recreación y entretenimiento en lugares como cines, teatros, museos, espectáculos deportivos, conciertos y cualquier espectáculo público o privado, el descuento para los adultos mayores es del 50 por ciento.

Las personas afectadas pueden abocarse a la Dirección de Protección al Consumidor, un ente gubernamental encargado de sancionar a las empresas encargadas de dar servicios al adulto mayor y personas con discapacidad.

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