En Honduras «no ha cambiado el ambiente de inseguridad y peligro» en el ejercicio de la profesión del periodismo y continúan en impunidad varios asesinatos de periodistas ultimados en los últimos 20 años, indicó este martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe semestral.
«El país continúa en franco retroceso en el índice de libertad de prensa que registra el Índice Chapultepec, con una caída de dos peldaños si se compara con el período anterior de medición», subraya el documento, pendiente aún de aprobación en la reunión de medio año que la SIP celebra entre este martes y el jueves en Miami.
Además, acusa la violencia contra periodistas «víctimas de agresiones por parte de empleados y activistas del partido oficial (Libertad y Refundación) durante el actual Gobierno», que preside Xiomara Castro.
Según la SIP, muchos periodistas han sido estigmatizados, algunos de ellos atacados por los denominados «Comandos», grupos simpatizantes del partido gobernante, que agreden a quienes no están de acuerdo con las decisiones de la presente administración.
«Uno de los periodistas agredidos fue Alex Cáceres, quien denunció que fue golpeado por una persona de ese grupo parapolicial», señala el informe.
Añade que el comunicador social José Amílcar Chávez, corresponsal de los noticieros de Hoy Mismo, propietario de una radio cristiana y varios talleres de motocicletas en Olanchito, Yoro (norte), apareció muerto en su casa, y que en el presente año, Caleb Alvarado, corresponsal de UNETV en San Pedro Sula, sufrió un atentado.
La SIP también indicó que la Secretaría de Estado en Derechos Humanos no ha podido reactivar el Sistema de Protección para Periodistas, Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que fue creado como un compromiso del Estado frente a las demandas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la actualidad, el sistema acoge a 14 operadores de justicia, 12 periodistas, 119 defensores de derechos humanos y 13 comunicadores sociales.
El informe también expresa que durante el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro se derogó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como la Ley de Secretos, «aspecto positivo para la transparencia y la libertad de prensa».
«La legislación, aprobada en 2014, impedía que los ciudadanos se enteraran sobre las compras que el Gobierno realizaba sin licitación pública», concluye la SIP sobre la situación de la prensa en Honduras. EFE
