Los comentarios de Petro sobre la Fiscalía recibieron críticas por parte de expresidentes como Iván Duque, de juristas, así como de Human Rights Watch (HRW)
El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció el viernes pasado que su familia saldrá del país a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien causó una controversia al asegurar que él es el jefe directo de ese funcionario.
“En los próximos días saldrá del país mi familia por temor de que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de Estado”, señaló Barbosa en una declaración a la prensa.
El mandatario colombiano protagonizó durante su visita a España su más reciente polémica, después de que se refiriera a Barbosa como su subordinado.
“Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”, manifestó Petro a periodistas en la ciudad española de Salamanca donde recibió una condecoración, acto con el cual cerró su visita oficial a ese país.
“Claro que la Constitución ordena que el jefe del Estado es el presidente de la República, art. 115, y claro que la Constitución ordena que una función especial del Fiscal General es la de suministrar la información de casos que alteren el orden público y la Paz al presidente, art. 251″, publicó el sábado 6 de mayo Petro en un tuit acompañado de un comunicado formal.
En ese sentido, Petro subrayó que no se ha “apartado ni un centímetro de la Constitución” al “exigir” que se suministre toda la información “sobre el asesinato de 200 conciudadanos y menores de edad y el papel del Ñeñe Hernández en la comisión de este delito de lesa humanidad”.
La declaración de Petro se dio en medio de una controversia que tiene desde hace meses con Barbosa, quien ha cuestionado decisiones del presidente, principalmente relacionadas con su política de paz total, y el jueves le reprochara al presidente que con sus comentarios le pone “una lápida a funcionarios judiciales”.
En ese sentido, Barbosa aseguró el viernes que “en este país han asesinado colombianos como (los políticos) Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y tantos otros, que fueron declarados como crímenes de Estado”.
También afirmó que Gustavo Petro “no es un presidente, sino un dictador” y argumentó que su nombramiento depende de la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente, el fiscal dijo que revisará con su equipo las acciones jurídicas por los anuncios de Petro.
Ante los comentarios de Petro, la Corte Suprema de Justicia expresó el viernes “gran inquietud por la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución” por parte del presidente.
“El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente”, y es “un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”, le respondió la Corte a Petro.
Ante esto, en un comunicado oficial, el presidente colombiano aceptó el llamado de la Corte a respetar la autonomía del Fiscal. No obstante, criticó nuevamente el actuar de la Fiscalía en el caso de los 200 colombianos asesinados.
“Grave daño le hace el Fiscal General a la propia Fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su fiscal delegado Daniel Hernández, del círculo mas cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública. El fiscal Hernández continúa en su cargo pese a que fue imputado por prevaricato y por presuntamente amenazar a un testigo del caso Odebrecht, investigación que, según fuentes periodísticas, lo tienen en la mira del FBI”, señala el comunicado del 6 de mayo.
Con información de EFE y Europa Press
