La creciente inseguridad en América Latina, no solo en países tradicionalmente violentos como Colombia o los de Centroamérica sino ahora en otros como Ecuador, está íntimamente vinculada al elevado número de armas de fuego que inundan el continente pese a que tiene leyes más estrictas respecto a la tenencia de este tipo de armamento de las que hay en Estados Unidos, de donde proceden buena parte de ellas.
La tasa de homicidios en la región ha ido en aumento en los últimos años. Según los datos de 2022 recogidos por el portal especializado Insight Crime, Venezuela registró la tasa más alta, con 40.4 por cada 100,000 habitantes, seguido por Honduras, con 35.8; Colombia, con 26.1; Ecuador, con 25.9; y México, con 25.2.
Aunque en Chile la tasa se sitúa en 5 por cada 100.000, muy lejos de los países más violentos, los homicidios se han duplicado en la última década, generando preocupación entre la ciudadanía -el 50% identifican la delincuencia como la cuestión más importante a nivel nacional-.
El Gobierno del izquierdista Gabriel Boric ha aumentado el gasto en seguridad e incluso ha desplegado al Ejército para tratar de resolver la crisis migratoria en la frontera con Perú, lo cual no ha evitado que la derecha se impusiera en las recientes elecciones para elegir a quienes deberán redactar la nueva Constitución del país.
También en Ecuador los niveles alarmantes de violencia han sido claves en la crisis política que atraviesa el país, donde el presidente, Guillermo Lasso, ha disuelto la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ante la imposibilidad de gobernar. Aquí, el mandatario autorizó a principios de abril la “tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal”, entre otras medidas para intentar frenar la incipiente inseguridad, vinculada en el auge del narcotráfico.
“Un factor clave detrás de esta epidemia de violencia armada es el desvío, y el tráfico ilícito, de armas pequeñas y ligeras en toda la región”, subraya Carina Solmirano, experta al frente del Observatorio del Tratado de Comercio de Armas (ATT Monitor, en inglés) en Control Arms, una coalición de organizaciones que apuestan por un mayor control en esta materia en un artículo para Americas Quarterly.
Precisamente, el último informe elaborado en 2018 por el ATT Monitor pone de manifiesto que más del 75% de los homicidios en la región implican armas de fuego, muy lejos de la media mundial del 40%. Además, América Latina cuenta con 10 de los 15 países con las tasas de homicidio más altas fuera de un conflicto armado.
De acuerdo con las estimaciones de Small Arms Survey de 2018, ese año había en la región unos 60 millones de armas en posesión de la población civil, con 17.5 millones en Brasil y 16.8 millones en México, buena parte de las cuales no están registradas legalmente. A estas hay que añadir los alrededor de 8.8 millones en posesión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y de las que disponen las empresas de seguridad privada, un negocio al alza en América Latina.
“Los millones de armas ilegales que circulan en la región y el persistente tráfico entre países y desde Estados Unidos ha permitido que las actividades de organizaciones criminales se expandan y ha hecho que sus actividades sean aún más violentas”, denuncia Solmirano, vinculando los crecientes niveles de violencia armada en el hemisferio con el tráfico de drogas.
La procedencia de las armas ligeras ilegales que circulan por América Latina es diversa, en función del momento y la forma en la que se produzca su desvío de los cauces legales. Una buena parte de ellas tiene su origen en los conflictos armados que asolaron hace décadas países como Guatemala, El Salvador o Nicaragua. Según el citado informe de ATT Monitor, al término de la guerra civil en El Salvador se estima que unas 360,000 armas de tipo militar no fueron entregadas.
No obstante, Estados Unidos sería la principal fuente de este tráfico ilícito de armamento. En muchos de los casos, según explica ATT Monitor, una persona adquiere legalmente en Estados Unidos armamento pero luego lo saca de forma ilegal, principalmente hacia México, pero también hacia otros países de la región.
Según las estimaciones, unas 253,000 armas de fuego compradas mediante estos ‘hombres de paja’ cruzaron la frontera entre los dos países cada año entre 2010-2012. Además, el 70% de las armas incautadas por las autoridades mexicanas entre 2009 y 2014 tuvieron su origen en Estados Unidos, más de 73,000, lo que confirma el nivel de este tráfico.
Otra de las vías para el comercio ilegal de armas es la falsificación o el uso no autorizado de certificados de usuario final. En conflictos como el vivido en Colombia se constataron casos en los que compras a priori legales se desviaron gracias a certificados falsificados y funcionarios corruptos hacia grupos armados.
La corrupción, uno de los problemas endémicos del continente, también juega un papel clave en todo este proceso de desvío de armamento. Efectivos de las fuerzas de seguridad y funcionarios corruptos han hecho que los arsenales estatales se hayan convertido en una importante fuente de suministro para grupos armados y narcotraficantes en América Latina.
Y si en el pasado el dictador panameño, Manuel Noriega, entregó armas a las partes enfrentadas en El Salvador, por ejemplo, ahora se sospecha que la Venezuela de Nicolás Maduro entrega armas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia, de acuerdo con el citado informe.
La proliferación de grupos de seguridad privada en la región también contribuye al tráfico ilegal de armamento. Según ATT Monitor, se estima que hay unas 16,000 empresas que emplean a al menos 2.4 millones de personas.
Así, se calcula que hay dos agentes de seguridad privada por cada policía en el subcontinente, si bien la cifra es incluso mayor en países como Brasil, Colombia o México así como en Centroamérica. La falta de regulación y de mecanismos de supervisión sobre estas empresas privadas y sus armas facilita que se cometan abusos y que parte del armamento que emplean termine en el mercado negro.
El desvío de armas pequeñas y ligeras “sigue siendo un problema serio en la región de América Latina y el Caribe”, según ATT Monitor, que reconoce también la complejidad de hacerle frente y advierte de que no es responsabilidad exclusiva de estos países, incidiendo en particular en el rol de los países exportadores por asegurarse del destino final de sus ventas y en particular Estados Unidos.
Por otra parte, la violencia tiene un importante coste económico para estos países. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2017, la delincuencia le cuesta a América Latina un 3% de su PIB, en una horquilla que va desde el 2.42% hasta el 3.55% y en la que los países de Centroamérica salen peor parados. Aquí, el coste es el doble de la media regional.
Esto se traduce en un coste total de hasta 236,000 millones de dólares y una media de 300 dólares per cápita en los 17 países analizados. Tal y como advierte Solmirano, “es muy probable que estos costes sean muy superiores hoy en día si se volvieran a medir las mismas variables”, habida cuenta de que América Latina fue de las regiones más castigadas por la pandemia de Covid-19.
En estas circunstancias, según la experta, la “militarización de la seguridad pública”, como ha ocurrido en México o Brasil, no ha brindado los resultados deseados. Por ello, apuesta por otras medidas como una mejora de la seguridad de los arsenales, una mayor destrucción de armas decomisadas o más intercambio de información, y advierte de que hace falta un “enfoque integral que reduzca la demanda global de armas” para evitar que América Latina siga siendo “la región más violenta del mundo”.
Con información de Europa Press
