El Poder Judicial de Perú ordenó la prohibición para salir del país durante 36 meses a la líder del partido Fuerza Popular, la varias veces candidata presidencial Keiko Fujimori, su exmarido Mark Vito y otras seis personas, acusados de lavado de dinero.
“El juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Tribunal Nacional, ordena el impedimento de salida del país por 36 meses contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Mark Vito Villanella y otros, en investigación por lavado de activos”, reza un comunicado de la Justicia andina, que les investiga en el marco del caso ‘Cócteles’.
Esta medida, además de contra Fujimori y su exmarido, se aplicará al exministro de Energía y Minas Jaime Yoshiyama, y los miembros del partido Fuerza Popular Vicente Silva, Ana Herz Garfias, Adriana Tarazona, José Chlimper y Pier Figari.
El magistrado, a su vez, ha impuesto “una serie de reglas de conducta” como la prohibición de cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial, y no comunicarse con coimputados, testigos o peritos.
Además, tienen que comparecer cada 30 días en el registro de control biométrico para registrar su huella e informar al juzgado de sus actividades, presentarse a las citaciones de la Fiscalía y al juzgado cada vez que sean citados para alguna diligencia, informa el periódico peruano ‘Gestión’.
El juez ha impuesto también una multa económica de 20 mil soles peruanos (94 mil pesos mexicanos) a Silva; 15 mil soles (71 mil pesos) a Herz; 40 mil soles (756 mil pesos) a Chlimper; y 10 mil soles (47 mil pesos) a Vito.
El caso ‘Cócteles’, que recibe el nombre de los eventos que Fuerza Popular organizó para recaudar fondos para las campañas presidenciales de Fujimori, se remonta a 2016 y versa sobre la financiación irregular de las fallidas campañas.
En 2016, el partido informó de que se había recabado unos 4.6 millones de soles (87 millones de pesos), pero un informe de la Fiscalía señaló que solo pudieron justificar un 30 por ciento de esa cantidad. Fujimori ha sido encarcelada por esta pesquisa en dos ocasiones de manera preventiva.
Con el transcurso de la investigación y la deriva del caso al Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía, comenzó a tomar fuerza la teoría de que dichos cócteles fueron una tapadera para introducir pagos irregulares de empresas, como la constructora brasileña Odebrecht o el consorcio local Club de la Construcción.
