El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine propusieron este jueves extender hasta 2028 los efectos de la ley de sanciones a Nicaragua, conocida como Ley Nica, que está previsto que venza a finales de este año.
A finales de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Nica para ordenar a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación de Nicaragua por la represión de protestas antigubernamentales.
Rubio y Kaine presentaron un proyecto de ley que «extendería la autoridad del Gobierno de EE.UU. para imponer sanciones en contra del régimen de Nicaragua hasta el 31 de diciembre del 2028», informaron en un comunicado.
También pretenden ampliar las sanciones para «incluir a los funcionarios nicaragüenses responsables de violaciones a los derechos humanos de los creyentes religiosos».
El texto insta además al Departamento de Estado a que promueva el fin de las inversiones a Nicaragua por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los senadores consideran que Estados Unidos «debe desarrollar un plan común para abordar la naturaleza criminal del régimen» del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ante la «ola de violencia y represión» en Nicaragua.
“La decisión tomada por el régimen criminal de Ortega-Murillo de socavar por completo el proceso de elección presidencial en el 2022, así como su decisión de forzar al exilio a casi toda la oposición de Nicaragua y reprimir activamente a miembros de la Iglesia católica, indica que la naturaleza vil de este régimen sigue creciendo», dijo Rubio.
El pasado febrero, el Gobierno de Ortega despojó de su nacionalidad y desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos, entre ellos prominentes figuras de la oposición como Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
El obispo Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de prisión tras negarse a volar a Estados Unidos.
Con información de EFE
