CORTÉS, HONDURAS.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), presentó este martes requerimiento fiscal contra el extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí y al ex subsecretario de Salud, Nery Cerrato.
Asimismo para el exadministrador de COPECO, Cristian Elías Santeli Chavarría y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano.
Las imputaciones en el caso de Rubí y Santeli Chavarría, es por suponerlos responsables del delito de violación a los deberes de los funcionarios y fraude.
Mientras que a Cerrato se le presume responsable de falsificación de documentos públicos y a Romero Majano se le señala como cooperador necesario de fraude.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público (MP), los encausados se coludieron para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa antes mencionada.
También las indagaciones indican que el 28 de febrero de 2020, los exfuncionarios Cerrato y Rubí, comenzaron la solicitud de la adquisición del hospital y salas de aislamiento móviles, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días.
En tanto, realizaron la suscripción del contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al coronavirus en Villanueva, Cortés, por el cual se erogaron casi seis millones de lempiras, sin embargo lo que se instaló fue una carpa que no cumplía los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia.
La FETCCOP detalló que las transferencias que el gobierno efectuó a DLX Enterprises LLC por concepto de pago de las carpas y toldos móviles, se realizó de la siguiente manera: el 2 de marzo de 2020 ejecutó un adelanto de 33,502.97 dólares, siete días después 78,173.61 y una última cuota de 111,676.58, el 17 de marzo de ese mismo año.
Además, reveló que con las inspecciones de campo y pericias de expertos de ingeniería civil y biomédica, se acreditó que el proyecto fallido se instaló en un predio de tierra (campo de fútbol) inundable, sin estudios topógráficos, ni mucho menos contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares como el coronavirus.
En ese contexto, agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC, en cumplimiento a lo planteado por la FETCCOP y lo autorizado por un juez del circuito anticorrupción, capturaron a Cerrato, a inmediaciones del centro de salud del municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.
