TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Más de un millar de privados de libertad fueron trasladados en las últimas horas a distintos centros penales del país, como parte de la reestructuración penitenciaria iniciada por las autoridades en Honduras, luego de diferentes hechos violentos suscitados en las cárceles.
La Policía Militar de Orden Público (PMOP), institución a cargo del control del sistema carcelario desde el mes pasado, anunció que se trasladará a reos de alta peligrosidad a diferentes centros penales, con el fin de evitar que sigan ejerciendo el control demostrado en meses recientes.
Por su parte, el ministro de Defensa y Seguridad, José Manuel Zelaya, detalló a través de su cuenta de Twitter que son 1,300 privados de libertad en total los que serán reubicados.
Los traslados comenzaron el lunes en horas de la noche, cuando varios vehículos con 802 reclusos comenzaron a salir del centro penal de Ilama, en Santa Bárbara, hacia la cárcel de “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso.
Varios familiares de los encarcelados, al saber la noticia, se acercaron al centro penal, también conocido como “El Pozo” y comenzaron a protestar para que no se los llevaran, ante el temor de que fueran enviados lejos o que se violentaran sus derechos humanos durante el traslado.
“¡Los van golpeando!”, “¡Los están maltratando”!, “¡No nos quieren decir para dónde van y necesitamos saber de ellos!”, decían algunas madres y esposas de los privados de libertad.
Este martes, desde tempranas horas de la mañana, varios convoyes llenos de privados de libertad comenzaron a salir desde la cárcel de Támara -situada muy cerca de la capital hondureña- rumbo a centros de máxima seguridad como “El Pozo”, en Ilama y “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso.
A los familiares de las personas privadas de libertad de ambos establecimientos, se les informa, que pueden comunicarse al número telefónico 2234-6444 extensión 38 de la Unidad de Protección de Derechos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario en donde se les brindará información sobre su familiar reubicado.
Desde el mes de abril del presente año, se suscitaron varios hechos violentos en las distintas cárceles de Honduras que dejaron en evidencia el control que ejercen los presos dentro del sistema penal.
Desde tiroteos simultáneos hasta el asesinato de 46 féminas privadas de libertad de la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social (PNFAS), en Támara son algunos de los ejemplos de la brutalidad, la posesión de armas y la lucha que se vive a diario entre grupos criminales.
“Los centros penales se han convertido en escuelas del crimen, centros de extorsión, secuestro, sicariato y de todo lo que nos podamos imaginar y aquí lo más importante debe ser el pueblo, tenemos que darle una esperanza a este pueblo”, señaló el coronel Ramiro Fernando Muñoz, comandante de la PMOP y Director del Instituto Nacional Penitenciario.
Es por ello que desde el gobierno se ordenó una intervención de las cárceles, comenzando por operativos en los que decomisaron armas de grueso calibre, municiones, teléfonos celulares y satelitales, electrodomésticos, drogas, joyas, granadas de fragmentación, equipos de sonido, guitarras, entre otros, seguido por el traslado de reos y el reemplazo de autoridades a cargo de los reclusorios.
