TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Pleno del Congreso Nacional de la República, aprobó la noche de este miércoles la derogación y reformas de los decretos 57-2020 y 93-2021, respectivamente, dos de los tres decretos que son considerados “pactos de impunidad”.
La derogación se dio por unanimidad de votos, consiguiendo que 111 diputados lo aprobarán en el tercer y último debate.
En la sesión hubo nueve parlamentarios, de los 120 presentes, que no votaron.
El diputado Yahvé Sabillón comentó que está contento y feliz que se haya derogado estos “dos pactos de impunidad” que se dieron en la anterior administración.
El decreto 93-2021 está relacionado con la Ley de Lavado de Activos y el financiamiento contra el terrorismo, explicó Sabillón.
Mientras que el decreto 57-2020 consistía en quitarle la facultad al Ministerio Público la acción de acusar cuando hay indicio racional de corrupción y sustraer documentos de las entidades del Estado.
“Me gustó que los compañeros nacionalistas, quienes fueron los que pusieron esos pactos de impunidad en la legislatura del Congreso Nacional pasado, rectificaron el enorme error y daño que le habían hecho al pueblo hondureño”, expresó Sabillón.
Aunque mencionó que falta derogar el decreto 116-2019 que está relacionado con la Ley del Fondo Departamental, dinero que diputados y alcaldes utilizaron del erario público.
De igual forma, el congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre) indicó que falta aprobar la Ley de Colaboración Eficaz para que se cree las condiciones para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
«Dimos un paso contundente, la misión exploratoria de la ONU ya miraron que como Congreso Nacional se dio ese paso importante», pormenorizó.
Durante la sesión, varios diputados señalaron que estos decretos representaban pactos de impunidad, otorgaban blindaje a los corruptos a través del lavado de activos y el secreto bancario.
La iniciativa de ley fue propuesta por el presidente Luis Redondo, quien además propuso reformar la redacción de algunos artículos del decreto 93-2021: 1, 2, 112, 439.
“Vamos a aprobar hoy los decretos que van a permitir que Honduras no sea clasificada en la lista gris de receptación de lavados de activos, que tiene diferentes consecuencias. Aquí vamos a ver quién en realidad está del lado de combatir la verdadera corrupción”, manifestó Redondo.
El decreto 57-2020 interpretaba los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal en lo relativo a los requisitos previos para solicitar el comiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de los fiscales en temas de corrupción, lo que dejaba atado de manos al Ministerio Público para perseguir estos delitos.
Entretanto, en el derogado decreto 93-2021 plasmaba que para que se configure el lavado de dinero debe existir un delito precedente como tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, entre otros, caso contrario se extingue la acción penal.
A criterio de los fiscales esta enmienda generó impunidad durante su vigencia.
