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viernes, noviembre 22, 2024
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Autoridades del TSC solicitan reunión urgente con titular del CN y señalan que vigencia de decreto impide enviar información al MP

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

José Juan Pineda, magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), envió en las últimas horas al Congreso Nacional de la República, una solicitud de reunión urgente de trabajo, con equipos legales para abordar el tema sobre “el envío de expedientes” del Fondo Departamental.

La carta enviada por el ente contralor se deriva en respuesta a las declaraciones vertidas recientemente por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, quien habría señalado que dos magistrados del TSC se han negado a brindar la información requerida en algunos casos de corrupción.

El máximo representante del Poder Legislativo indicó que, tras la derogación de la Ley de Secretos del Estado, el hemiciclo ordenó al Tribunal de Cuentas enviar todos los casos al Ministerio Público.

“Por este medio solicito de carácter urgente se nos conceda un espacio en su agenda para abordar este importante tema”, destaca el escrito en su encabezado.

El TSC en su escrito le ha respondido al titular del CN que no han enviado la documentación de las investigaciones sobre el Fondo Departamental que realiza al Ministerio Público porque todavía se encuentra en vigencia el decreto 116-2019.

En tal sentido el organismo señala que lo anterior impide dicha acción y por ello solicitaron una reunión de urgencia entre las dos instituciones y la Fiscalía General de la República.

“Encontramos un impedimento para remitir la información referida en el decreto legislativo N° 20-2022, aprobado por el Congreso el pasado 18 de febrero y publicado en el diario oficial La Gaceta con fecha 29 de marzo de los corrientes”, destaca.

El magistrado Pineda en la misiva enviada a Redondo ante la ausencia del magistrado presidente Roy Pineda, quien comparece en una convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, destaca que el pleno del TSC tiene el “firme compromiso de ejercer” las actuaciones en base al cumplimiento de la Constitución.

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