CIUDAD DE GUATEMALA.
Ante la publicación de la Lista Engel, la cual incluye a 10 guatemaltecos que EE. UU. señala de corrupción, el Gobierno de Guatemala calificó la publicación como “herramienta política abusiva”.
Estados Unidos dio a conocer este miércoles 19 de julio que incluyó a 39 políticos y altos funcionarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua a la Lista Engel, la cual incluye a actores que las autoridades estadounidenses consideran “corruptos” y “antidemocráticos”.
En la publicación se incluyen a 10 personas de Guatemala, entre ellas la fiscal Cinthia Monterroso, el juez Fredy Orellana, al líder sindical Joviel Acevedo, el exjuez Jimi Bremer, entre otros.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que el grupo de personas incluidas en la Lista Engel son señaladas de “corrupción significativa”, de buscar obstruir las investigaciones al respecto y de socavar los procesos democráticos y a las instituciones de sus países.
Ante la publicación, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que manifestó su “rechazo a la subjetividad de la publicación realizada en la cual se incluye a personas de origen guatemalteco, quienes son señaladas a través de juicios de valor y sin garantía de legítima defensa a través del debido proceso judicial, situación que viola el principio universal de presunción de inocencia”.
El Gobierno de Guatemala, además, señala que hay una “clara violación a los derechos fundamentales de las personas señaladas, además de considerarla una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en nuestro país, por lo que exige respeto a la independencia de los poderes del Estado y, sobre todo, a la soberanía de la nación”.
Estados Unidos en la declaración de prensa firmada por el portavoz del Departamento de Estado, Mathew Miller, señala que la lista publicada “identifica a las personas que a sabiendas se han involucrado en actos que socavan los procesos o las instituciones democráticas, en actos de corrupción significativos o en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. De acuerdo con la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos, en su versión enmendada, las personas en la lista generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos”.
En el comunicado emitido por el Gobierno de Guatemala se califica a la Lista Engel como una herramienta “deleznable” y que “no puede ser considerada como un instrumento vinculante bajo ninguna circunstancia en la legislación guatemalteca, por derivarse de acusaciones mediáticas infundadas”.
“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la defensa de la soberanía de nuestro país, ante la injerencia externa en asuntos internos y la utilización de herramientas políticas abusivas en contra de los guatemaltecos”, dice el comunicado del Gobierno de Guatemala.
Tras darse a conocer la actualización de la lista Engel, se pronunció Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
“La corrupción, una de las causas fundamentales de la migración irregular, perjudica nuestra seguridad nacional. Con la publicación del informe de la Sección 353 de este año sobre América Central, EE. UU. continúa apoyando una región segura, democrática y próspera donde las personas puedan crear el futuro que desean”, publicó en su cuenta de Twitter.
Luego del pronunciamiento del Gobierno de Guatemala, el Ministerio Público también se pronunció y señaló que “dicha lista no tiene ninguna validez en Guatemala por lo que no incide de ninguna manera en la labor investigativa de la institución”.
“El Ministerio Público es una institución independiente y autónoma que no está sujeta a ningun tipo de presión internacional”, manifestó la institución.
“Respetamos las opiniones que se vierten, pero nos apegamos a lo ya expresado por Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas respecto a que las sanciones de Estados Unidos violan los derechos humanos y el derecho a la presunción de inocencia”, dice el comunicado.
Guatemaltecos en la Lista Engel
El registro de las personas que Estados Unidos integró al listado fue difundido en cumplimiento de la “Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte”, aprobada en diciembre de 2020 y promovida por el excongresista demócrata Eliot Engel.
Los 10 guatemaltecos que se unen a la Lista Engel son:
- Cinthia Edelmira Monterroso Gómez: actual fiscal, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
- Edgar Humberto Navarro Castro: expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, incurrió en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y coimas, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
- Fredy Raúl Orellana Letona: un juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
- Gendri Rocael Reyes Mazariegos: extitular del Ministerio de Gobernación, involucrado en importantes hechos de corrupción.
- Joviel Acevedo Ayala: actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), se involucró en una importante corrupción al brindar apoyo político a STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.
- Jimi Rodolfo Bremer Ramírez: un juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
- Lesther Castellanos Rodas: ex juez y actual relator guatemalteco contra la tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
- Melvin Quijivix Vega: actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada.
- Omar Ricardo Barrios Osorio: actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, socavó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
- Walter Ramiro Mazariegos Biolis: Rector de la Universidad San Carlos, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento.
Con información de La Prensa Libre
