TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) a través de su gerencia de asesoría emitió su análisis jurídico sobre la legitimidad de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En dicho estudio jurídico, el Cohep detalla los procedimientos que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso Nacional (CN).
En tal sentido, señala que la Carta Magna en su artículo 214 indica que una vez que un proyecto de ley es aprobado por el CN, debe enviarse al Ejecutivo a más tardar dentro de tres días de haber sido votado, a fin de que se realice la sanción correspondiente y lo haga promulgar como ley.
Esta es una de las razones del porque siempre después que se finaliza una sesión como acto seguido, se abre la nueva con el propósito de aprobar el acta y cumplir con el imperio de la Constitución y la ley.
Luego, en su indagación jurídica, el Cohep escudriña a fondo la Ley Orgánica del CN y sus modificaciones, para concluir que al no aprobarse el acta de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Legislativo es un vicio de legalidad que afecta la validez jurídica del acto jurídico consumado con la publicación en La Gaceta del 25 de julio de 2023.
Para el Cohep, el artículo 10 de la Ley Orgánica del CN explica que, contra la función legislativa, únicamente, procede la acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 184 de la Constitución de la República.
La Ley de Justicia Constitucional en el numeral 1 del artículo 76 establece que procede la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general, no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativo que infrinjan preceptos constitucionales.
Apuntó que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de de la norma tendrá efectos generales y derogará la norma inconstitucional como establece en su artículo 94 la Ley de Justicia Constitucional.
«Pero es importante que los actores políticos correspondientes no esperen una resolución del Poder Judicial para reflexionar sobre los efectos que los vicios de nulidad traerán en el marco de cualquier decisión que se tome para la implementación del decreto legislativo sobre la adhesión a la CAF», sostuvo el Cohep.
Finalmente, reiteró que no se opone a la participación del país en espacios de cooperación externa para acceder a fuentes alternativas de financiamiento.
No obstante, cualquier medida que uno de los poderes del Estado adopte en este sentido, debe producirse en el marco de la Constitución de la República; y en el caso de la adhesión a la CAF, los hechos indican que hubo vicios de legalidad en el trámite que se siguió para su publicación en La Gaceta.
Controversia con la CAF
El 16 de mayo se aprobó la adhesión de Honduras a la CAF con 66 votos; sin embargo, un día después, varios diputados del Partido Liberal se retractaron y negaron haber aprobado la sesión.
Entre sus argumentos, reprocharon que el Estado debía pagar 460 millones de dólares (más de 11 mil millones de lempiras) para comprar acciones e integrarse a dicho banco.
El 12 de julio, luego de suspender varias sesiones por no llegar a un consenso para la aprobación del acta, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, convocó y celebró una nueva asamblea para discutir y votar el acta del 16 de mayo.
Sin embargo, esta fue denegada al recibir 70 votos en contra de los 128 disponibles, superando la cantidad necesaria de votos a favor (65) para su aprobación.
Pese a esto, el titular del Congreso Nacional dio por hecho la aprobación del acta y procedió a abrir una nueva sesión legislativa, insinuando en aquel entonces que el proyecto seguiría el procedimiento para convertirse en decreto, tal como lo es hoy en día.
La mandataria Castro sancionó el decreto y se publicó en La Gaceta el pasado viernes 28 de julio.
Según la oposición, Honduras pagaría 460 millones de dólares (más de 11 mil millones de lempiras) para comprar acciones e integrarse al banco andino.
