TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Congreso Nacional derogó la noche de este miércoles en tercer debate el decreto 116-2019, más conocido el Fondo Departamental y que era considerado como un pacto de impunidad.
La derogación del decreto fue con 80 votos, contando con el apoyo de la mayoría de las bancadas que componen el Poder Legislativo.
Sólo la bancada del Partido Nacional votó en contra, a excepción del diputado Jorge Zelaya, quien había anunciado en su intervención que apoyaría esta derogación calificando que el decreto era un pacto de impunidad.
La bancada nacionalista argumentaba que para que esta derogación ocurriera se requería dos tercios de la Cámara, es decir 86 votos, y no la mayoría simple.
No obstante, la junta directiva del Congreso Nacional determinó que era constitucional la mayoría simple en esta ocasión.
El diputado nacionalista Mario Pérez manifestó que hubo una votación, pero no una aprobación.
“El decreto establece que en su reforma o su derogatoria se hará con la mayoría de dos tercios, es decir, que 86 diputados tenían que votar a favor”, dijo Pérez a periodistas.
Indicó que esta derogatoria será enviada al Poder Ejecutivo para su sanción y aprobación en el diario oficial La Gaceta.
Pérez recalcó que esta derogatoria nace de forma ilegal como muchas cosas que ocurren en el Congreso Nacional.
De su lado, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, celebró la derogación de este decreto e indicó que es un obstáculo menos para que venga la comisión internacional contra la corrupción (CICIH).
Los fondos se consignan en la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Redición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales aprobada por el Congreso en octubre de 2019.
Fueron creados, originalmente, en 2006 durante la administración del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y se contempló en el Presupuesto General de la República.
Lo anterior implica que mientras la normativa no fuera derogada, los parlamentarios podían solicitar recursos que, según los antecedentes, son fuentes de corrupción.
«Red de diputados» fue el primer caso de corrupción que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) en el que señaló a cinco congresistas por haber desviado recursos del Fondo Departamental a cuentas personales y de familiares.
El pasado 1 de septiembre de 2022, un juez de letras dictó sobreseimiento definitivo a favor del diputado del Partido Nacional, Alberto Chedrani Castañeda, y del exdiputado José Vicente León.
Asimismo, se dictó sobreseimiento provisional para los exdiputados: Oswaldo Ramos Ramos, Ricardo Antonio Díaz y Rodimiro Mejía Merino.
Los parlamentarios fueron acusados de fraude y lavado de activos por crear ONG con las que, supuestamente, desviaron al menos 18 millones 950 mil lempiras entre los años 2013-2017.
