WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llaman al Estado de Honduras a garantizar los estándares internacionales de independencia e imparcialidad, transparencia y paridad de género durante el proceso de selección de la próxima persona titular y adjunta de la Fiscalía General de la República.
El 31 de agosto concluye el mandato del titular de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General Adjunta. De acuerdo con la legislación nacional, el 1 de septiembre el Congreso Nacional de Honduras deberá elegir a las nuevas personas titulares de entre cinco candidaturas presentadas por la Junta Proponente.
La CIDH reitera la importancia de que este proceso se rija bajo criterios de igualdad, no discriminación, formación, mérito y transparencia, y la amplia participación ciudadana, tal y como se indica en las observaciones preliminares de la reciente visita al país. El Estado debe establecer garantías para evitar discrecionalidades por parte de quienes participan en el proceso de selección, e intereses particulares y/o partidarios que impedirían que la persona escogida sea la más idónea y capaz. Estos son elementos esenciales de la democracia representativa, la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que, en su conjunto, velan por la garantía de las libertades civiles y los derechos humanos.
En aras de asegurar la transparencia y el acceso a la información en el marco de este proceso, la Comisión considera importante que la votación que realicen las y los integrantes del Congreso Nacional sea pública, fundamentada y motivada y garantice la paridad de género.
El Estado reafirmó a la CIDH su compromiso en la elección transparente y justa de las personas titulares de Fiscalía General de la República y Fiscalía General Adjunta del Ministerio Público. Destacó que, como parte de este compromiso, se aprobó el Reglamento de la Junta Proponente para la nominación de las candidaturas correspondientes.
Igualmente, a fin de resguardar la independencia, la CIDH y su RELE llaman al Estado de Honduras a garantizar que en el proceso de selección y nombramiento se observen los estándares mínimos como mérito, capacidad, idoneidad y honradez, establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, que a su vez garantice la autonomía e independencia del Ministerio Público como instancia responsable del acceso a la justicia, el combate a la impunidad y la vigencia de los derechos humanos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
