BRASIL.
(RT)- Nueve meses después del violento ataque contra las sedes de los tres poderes en Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva usará el 7 de septiembre, Día de la Independencia, para ‘borrar la huella’ que dejaron los actos antidemocráticos promovidos por Jair Bolsonaro e insistir en un su mensaje de reconciliación.
Desde que el pasado 8 de enero hordas de bolsonaristas asaltasen las sedes de los poderes en Brasilia, haciendo tambalear los 38 años pasados desde la redemocratización, Lula ha intentado buscar un equilibrio entre un acercamiento a las Fuerzas Armadas y la «desmilitarización» del gobierno tejido por su antecesor, un excapitán del Ejército.
Las investigaciones apuntan directamente a militares y policías nacionales en la articulación de los disturbios, y Lula ha declarado abiertamente que «ha perdido a confianza» en ellos.
El mandatario criticó esta semana a los militares por «apoderarse» de la fiesta durante el mandato de Bolsonaro, como hicieron en los 21 años de dictadura (1964-1985), pero en ese constante jaleo también afirmó que junto a ellos, este año, se celebrará un «7 de septiembre para todos».
De militares al vendedor de ‘hot dogs’
«El 7 de septiembre es de los militares, del maestro, del médico, del dentista, el abogado, el vendedor de ‘hot dogs’, el pequeño y mediano empresario individual», aseveró Lula.
Seguirá, sin embargo, celebrándose el desfile cívico-militar, aunque con menos participantes, la presentación de los estudiantes de escuelas militares y el tradicional espectáculo de las Fuerza Aérea Brasileña (FAB).
Bajo el lema «democracia, soberanía y unidad», la fiesta se adornará con los colores verde y amarillo de la bandera nacional, que el bolsonarismo se apropió como emblema. También la preservación de la Amazonía, a la que tanto perjudicó Bolsonaro durante su gestión, será uno de los temas centrales.
A pesar de que no se espera ningún acto de protesta el jueves contra el presidente, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal lleva meses planeando las medidas de seguridad que serán desplegadas.
Amenazas a la Corte Suprema
Las últimas celebraciones de este evento estuvieron marcadas por los actos antidemocráticos liderados por Bolsonaro.
En 2021, durante un discurso ofrecido ante miles de simpatizantes en Brasilia, que pedían una intervención militar, Bolsonaro amenazó a los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) e instó a la desobediencia de las decisiones judiciales, lo que generó una gravísima crisis institucional.
El Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués) impugnó entonces la candidatura de Bolsonaro bajo la acusación de «abuso de poder político y económico». La semana pasada, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzó a escuchar los testimonios de esta denuncia.
Y aunque los analistas consideran que es poco probable que Bolsonaro –que ya ha sido inhabilitado durante ocho años por atacar sin pruebas la fiabilidad del voto electrónico por un delito similar– sea castigado por esos actos, no dudan tampoco de que fueron el punto de partida de una estrategia que terminó en los ataques del 8 de enero.
Por un lado, el gobierno quiere pasar página y, por otro, garantizar a la sociedad que no volverá a suceder un episodio como aquel. Por eso, esta semana, la Policía Federal (PF) lanzó una operación contra los financiadores de aquellos actos, que el propio ministro de Justicia, Flávio Dino, definió como «simbólica» y de «recado» para los bolsonaristas.
Simbólico será también el decreto que Lula firmará este miércoles para reformular el Sistema Brasileño de Inteligencia (Sisbin). Con esta medida se pretende disminuir la influencia militar, impulsar el intercambio de información entre los gobiernos estatales y crear un sistema de comunicación seguro evitando que mensajes de inteligencia se compartan por WhatsApp como ocurrió el 8 de enero.
