TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Canciller Enrique Reina compartió este viernes a través de la red social X un análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) denominado «Reforma Tributaria en Honduras: menos privilegios, más equidad», sobre la propuesta de Ley de Justicia Tributaria que promueve el Ejecutivo y que espera sea aprobada en el Congreso Nacional.
AQUÍ EL ANÁLISIS:
El Gobierno de Honduras presentó un proyecto de reforma tributaria que busca alcanzar un sistema tributario más equitativo, transparente y que aporte más recursos para responder a las demandas sociales, sin la necesidad de crear nuevos impuestos o incrementar las tasas. Por el contrario, la propuesta se focaliza en eliminar exoneraciones que implican privilegios para los más ricos, así como atenuar las posibles vías de abuso y evasión de algunas empresas beneficiarias.
Algunas de estas medidas son:
- La eliminación de regímenes especiales (Zonas libres, Régimen de importación temporal, Ley de Fomento al turismo, zonas industriales de procesamiento, regímenes de energía), que exoneran todos los impuestos existentes por períodos de 20 a 74 años de duración.
- El cambio del principio de la renta territorial a la mundial, para evitar desvíos de ganancias de grandes empresas a guaridas fiscales.
- La eliminación de la condonación de deudas tributarias que da lugar a evasión.
- La eliminación del secreto bancario para fines tributarios.
- La creación de la figura del Beneficiario final, para evitar la evasión de impuesto a la renta a través del uso de cadenas de propiedad.
En 2022, el gasto tributario, que mide cuánto deja de recaudar el Estado como consecuencia de otorgar tratamientos preferenciales a algunos contribuyentes, alcanzó el 7,6 % del PIB hondureño y el 44 % de su recaudación efectiva.[1] ¿Cuáles son las mayores exoneraciones?
El 57,2 % provino de tratamientos especiales en el impuesto a las ventas, el 36,2 % del impuesto a la renta, el 5,6 % del ACPV (Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial) y un 1 % de impuestos aduaneros.
Según el registro de beneficiarios, las exoneraciones están concentradas en pocas empresas de alto nivel de ingresos:
Entre 2019 y 2021, 25 grupos económicos concentraron el 50,1 % del monto total de exoneraciones, a través de 137 empresas.
En 2021, el 38 % de las grandes empresas con ingresos superiores 500 millones de lempiras no pagaron impuestos por estar adheridas a algún régimen de beneficios fiscales, mientras que sólo 3,5 % de las micro y pequeñas empresas (ingresos menores a 1 millón de lempiras) accedieron a estos beneficios.
En 2021, 503 personas de alto patrimonio y grandes empresas dejaron de pagar 8.696 millones de lempiras por las rentas obtenidas en el exterior.
Estos tratamientos preferentes, además de beneficiar a propietarios de grandes patrimonios profundizando la inequidad, no tuvieron efecto en la generación de empleo ni en la atracción de inversiones.
Según el registro de beneficiarios, sólo 6 de cada 100 empleos fueron creados por las empresas exoneradas.
La IED bajó de 14.5 % a 9,1 % entre 2008 y 2019, a pesar de todos los beneficios tributarios y no tributarios en zonas de regímenes especiales.
Si estos porcentajes se mantienen en 2023, el Estado dejará de recaudar 62.899 millones de lempiras (USD 2.559 millones) como consecuencia de estos tratamientos preferentes. Si consideramos únicamente la porción de exoneraciones que no proviene de impuestos a las ventas, que probablemente favorecen a contribuyentes de menores ingresos, el gasto tributario proveniente de impuesto a la renta, ACPV y aduaneros alcanzará los 26.921 millones de lempiras (USD 1.095 millones). Comparando con datos del presupuesto 2023 (Gráfico 1), este monto:
- Supera el destinado a la inversión pública financiada con fondos externos (equivale al 110 % de esa partida presupuestaria).
- Casi duplica el monto presupuestado para financiar subsidios de combustible y energía eléctrica, incluido el otorgado a consumidores de menos de 150 KWh (es el 184 % de la partida).
- Es casi el triple que el presupuesto asignado a transferencias monetarias que benefician a 156 mil hogares mediante los programas de protección social y apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por COVID.
- Equivale a 18 veces el financiamiento para el Fondo Hondureño de inversión social, destinado a la construcción de centros escolares, ejecución de proyectos como red agua potable, alcantarillado, alumbrado público, equipamiento social y pavimentación.
- Permitiría multiplicar por 45 el presupuesto de merienda escolar, que otorga diariamente una ración fresca de alimentos con alto contenido nutricional a un millón de niños y niñas que integran hogares en extrema pobreza; aumentar 33,6 veces el presupuesto para las 100 mil becas solidarias educativas y 27 veces el presupuesto para el bono tecnológico productivo que beneficia a 300 mil pequeños productores/familias agrícolas.
- Equivale a 572 veces los presupuestos conjuntos de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer y la Secretaría de asuntos de la mujer.
