Guatemala cumple una semana consecutiva de paro, protestas y bloqueos en sus principales carreteras como medidas de presión para exigir la renuncia de Consuelo Porras Argueta, la fiscal general que según el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, encabeza una arremetida golpista para impedir su toma de posesión, fijada para enero. La respuesta de la sociedad civil comenzó el lunes 2 de octubre con plantones de los pueblos indígenas en sus territorios y en la sede del Ministerio Público (MP), en Ciudad de Guatemala. Con el paso de los días se activaron grupos de estudiantes universitarios, profesionales, organizaciones sociales, comerciantes y comités de vecinos en todo el país en defensa de la democracia y para exigir el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. El viernes por la noche, los piquetes se habían multiplicado y el país estaba paralizado. Porras descarta presentar su renuncia y el Ministerio Público asegura que “se continúa trabajando sin inconveniente”.
Los ciudadanos se han movilizado en “defensa de la democracia” para manifestar su rechazo contra los intentos de dejar sin efecto la victoria electoral del binomio presidencial del Movimiento Semilla. El partido progresista afronta riesgos de cancelación, que raya en lo inconstitucional, según varios juristas. Tanto Arévalo como los dirigentes de la organización temen que la Fiscalía redoble su persecución.
La indignación ciudadana escaló hace una semana tras el secuestro de las actas de las elecciones, celebradas en agosto, en un registro que duró unas 20 horas y que terminó en un forcejeo entre fiscales y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estos se opusieron al secuestro de las papeletas con los resultados ya que, por ley, les corresponde el resguardo de los documentos originales.
El fiscal Rafael Curruchiche, que dirige casos contra periodistas y exoperadores de Justicia exiliados, justificó el secuestro de materiales electorales para avanzar en una nueva investigación. Arévalo calificó la operación como una escalada de “violencia jurídica” que busca “la anulación del resultado electoral y la destrucción del régimen democrático”.
Tanto Arévalo como las autoridades indígenas han invocado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante una alteración del orden constitucional, para que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analice la situación y adopte decisiones necesarias para promover la normalización de la institucionalidad. De momento, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, aceptó el llamado del presidente Alejandro Giammatei para mediar un diálogo entre los sectores sociales que lideran las protestas y el Gobierno.
Llamada de atención del Constitucional
En plena oleada de protestas, la noche del viernes la Corte de Constitucionalidad admitió la denuncia de un grupo de diez ciudadanos que alertaron sobre la amenaza de una quiebra de la democracia para impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo el próximo 14 de enero. En la denuncia figura la suspensión del Movimiento Semilla a manos de un juez penal y el boicot de las elecciones. Estos hechos amenazan con la ruptura democrática, explicó el abogado Edgar Ortiz.
El jurista, que forma parte de ese grupo de ciudadanos, destacó la importancia de que la Corte de Constitucionalidad “por primera vez reconozca una amenaza democrática; es cierto, no es el punto final de la crisis, pero ya se marcan pautas a los órganos involucrados” para mantener la institucionalidad, explicó a ELPAÍS. “Al leer entre líneas, con su resolución la Corte le dice al Ministerio Público que se apegue a la ley, al Poder Judicial que se ajuste a la proporcionalidad de las actuaciones. Es decir, está diciendo que hay actuaciones fuera de los marcos razonables”, continúa Ortiz.
“La corte manda un mensaje político y pone pautas. Este es un juego más largo pero los lineamientos del amparo servirán más adelante para evaluar si se cumplieron o no”, concluye el abogado. En su resolución, la Corte privilegia la defensa del orden democrático y la alternabilidad del poder, que garantiza la renovación de los gobernantes, diputados y alcaldes en las fechas previstas por la Constitución.
Sin embargo, para otros juristas la resolución de la Corte es ambigua, ya que no asegura la toma de posesión de Arévalo. “La manifestación y resistencia siguen siendo legítimas y necesarias para que esos funcionarios salgan”, opina el abogado Oswaldo Samayoa, quien manifiesta su inquietud de que el diálogo promovido por el secretario general de la OEA no caiga en “un juego perverso de manipulación”.
El viernes, por su parte, Arévalo agradeció a los movimientos ciudadanos el rechazo de “los intentos de un Ministerio Público corrupto por violar la voluntad popular”.
La ruptura del plan
Con una propuesta de rechazo frontal a la corrupción y de reconducción de un país al borde del autoritarismo, Arévalo ganó la elección presidencial con el apoyo de 2,4 millones de ciudadanos, el 58% de los votos válidos emitidos el 20 de agosto. Los candidatos del Movimiento Semilla compitieron en un contexto de judicialización y bloqueo de candidaturas que pretendía favorecer al partido del presidente Alejandro Giammattei y sus aliados.
“Con nuestro voto les arruinamos el plan y por eso quieren robarse las elecciones”, expresó Rolando Canto, uno de los centenares de manifestantes que llegaron a la noche del viernes a la sede del Ministerio Público. En las calles, se mantiene la demanda por la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, integrantes de su equipo, como Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, que ya no goza de la confianza ciudadana. Las movilizaciones son el único recurso de la población que no encuentra respuestas ni defensa en el sistema de justicia, señaló Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas que lideran la protesta. “Ya presentamos memoriales para pedir la renuncia de los funcionarios que no respetan la voluntad popular, otros abogados presentan amparos, pero no hay solución real a la crisis”, dijo al final del quinto día de protesta frente al Ministerio Público.
Los pueblos indígenas también le han pedido al presidente Alejandro Giammattei que destituya a la Fiscal General Consuelo Porras. “Cada día se ha sumado más gente y nos damos cuenta de que la preocupación es común; estoy satisfecho, feliz y también cansado”, señala Pacheco a ELPAÍS. El arrojo y capacidad de organización de los pueblos originarios ha inspirado a la ciudadanía, que expresa reconocimiento en redes sociales y replica sus acciones, pero comienza a ser un peso difícil de manejar. “Pedimos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resguardarnos porque puede haber criminalización hacia los líderes indígenas, pero las acciones son una responsabilidad colectiva”, explica el líder comunitario.
