TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) acusó este miércoles a los expresidentes hondureños, Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, en un caso de corrupción denominado “Pandora II”.
Las autoridades informaron que la unidad del Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos, los exmandatarios que fungieron en los periodos 2010-2014 y 2014-2022, respectivamente.
La fiscalía precisó que los ex altos funcionarios son acusados ambos por fraude.
En el caso de JOH, pormenorizó, también se le imputa el delito de lavado de activos por más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como “Pandora”.
Dentro de la acusación figura además el extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Cerrato Rodríguez por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina.
Asimismo, el director de presupuestos de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de BANADESA, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
“Lo que hemos hecho es presentar un requerimiento fiscal ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia la cual determinará su admisión”, confirmó el jefe de la UFERCO, el abogado Luis Javier Santos, quien espera se haga “justicia” por los millonarios saqueos para la financiación de campañas políticas.
El MP indicó que el caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la UFERCO, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00).
Mismos, abundó, que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura (SAG) y BANADESA.
En ese sentido, el involucramiento del expresidente Hernández Alvarado se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatario recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras.
Fue a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
La fiscalía menciona que en todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los recursos.
De igual forma, las investigaciones de la UFERCO determinan que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras.
De esa forma la UFERCO solicitará la citación de algunos imputados y las órdenes de captura y alerta migratoria en contra de otros.
La presentación del requerimiento fiscal se efectuó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien días después de cesar en su cargo fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, condición que aún persiste.
Cabe señalar que JOH fue detenido en febrero de 2022 y extraditado el 21 de abril en un avión de la DEA hacia los Estados Unidos en dónde enfrenta un proceso judicial por narcotráfico.
