TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Mecanismo Nacional de Protección de Honduras debe responder a la violencia, las campañas de desprestigio y la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, señaló este martes la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, Irene Khan.
Mediante una nota de prensa, indicó que el sistema legal y judicial en Honduras no ha logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos más graves y las amenazas a la seguridad de los defensores de los derechos humanos.
“Los hondureños que trabajan en temas relacionados con la tierra, el medio ambiente, la corrupción, el crimen organizado y los conflictos agrarios y mineros siguen expuestos a un alto riesgo de violencia, ataques en línea y de género, intimidación, campañas de desprestigio y acoso judicial”, declaró Khan al término de la visita oficial.
La relatora especial de la ONU comentó que con los periodistas que dialogó, ellos afirmaron que la intimidación ha alcanzado un nivel tan alto y que las medidas ofrecidas por el Mecanismo de Protección son tan inadecuadas “que se sienten obligados a autocensurarse para protegerse a sí mismos y a sus familias”.
Muchas de las personas con las que me reuní dieron ejemplos concretos de largos retrasos en la respuesta o ausencia de respuesta, evaluaciones de riesgo que no tienen en cuenta el contexto y el entorno en el que las personas viven, trabajan y están en peligro, contó.
Khan celebró la derogación de la Ley de Secretos Públicos y animó al gobierno a seguir ampliando el acceso a la información pública, también para las comunidades marginadas e indígenas.
También mencionó que los medios de comunicación comunitarios son un vehículo importante para preservar la cultura y las lenguas indígenas, y el principal medio por el que la población de las zonas rurales recibe información.
La experta instó al gobierno a garantizar que se crean las condiciones legales y operativas adecuadas para el funcionamiento de las radios comunitarias.
Además, pidió a las autoridades a adherirse al Acuerdo de Escazú para fortalecer el acceso a la información, promover la participación ciudadana y proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales.
«Honduras debe despenalizar los delitos contra el honor (injurias y calumnias) y revisar el delito de usurpación, que se utiliza para criminalizar a quienes protestan pacíficamente en defensa de sus derechos a la tierra y a los medios de subsistencia», remarcó.
El entorno político altamente polarizado ha erosionado la confianza en la integridad de la información, envenenado el discurso público y puesto en peligro las voces disidentes, analizó.
Khan concluyó su pronunciamiento solicitando al gobierno a que defienda el derecho a la libertad de expresión como herramienta vital para avanzar en sus metas de desarrollo sostenible y democracia inclusiva.
