TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), designó a Walter Miranda Sabio para que conozca el requerimiento fiscal contra los expresidentes Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Así lo informó este viernes el director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien dijo que el pleno de magistrados se reunió para tomar decisiones en varios casos pendientes.
“El magistrado Walter Miranda fue designado como juez natural en el expediente presentado por el Ministerio Público en contra de los ciudadanos Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo Sosa, Wilfredo Cerrato y otras personas”, dijo Duarte a periodistas que cubren la fuente judicial.
Duarte explicó que el magistrado conocerá el expediente en esta primera etapa de preparatorio.
Los exmandatarios hondureños fueron acusados por la presunta comisión del delito de fraude por el caso Pandora II.
Igualmente, Juan Orlando Hernández es acusado por la presunta comisión del delito de lavado de activos por el desvío de 62 millones de lempiras.
Asimismo, están dentro del requerimiento Wilfredo Cerrato (exministro de Finanzas), Jorge Johny Handal Hawit (exgerente de Banadesa), Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina (exgerentes administrativos de la Secretaría de Finanzas), Roberto Alonso Zúniga Barahona (director de presupuesto de Finanzas) y David Eduardo Ortiz Hawit (exgerente financiero de Banadesa).
Estas personas son acusadas por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El pasado 11 de octubre, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos, los expresidentes, Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude y a Hernández Alvarado también se le imputa lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como Pandora.
Dentro de la acusación figura además el extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuestos de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de BANADESA, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la UFERCO, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de BANADESA.
En ese sentido, el involucramiento del expresidente Hernández Alvarado se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatario recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.
Asimismo, las investigaciones de la UFERCO determinan que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras.
La UFERCO solicitará la citación de algunos imputados y las órdenes de captura y alerta migratoria en contra de otros.
La presentación del requerimiento fiscal se efectúa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien días después de cesar en su cargo fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, condición que aún persiste.
