Este lunes, los senadores estadounidenses Jim Risch (R-Idaho), miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Marco Rubio (R-Fla.), miembro de alto rango del Subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para el hemisferio occidental, emitieron la siguiente declaración sobre los recientes ataques violentos contra miembros de partidos de oposición en Honduras:
“Condenamos enérgicamente los continuos esfuerzos de la presidenta Xiomara Castro por socavar la separación de poderes en Honduras. Los recientes actos de violencia por parte de ‘colectivos’ del Partido Libre contra miembros del Congreso Nacional para imponer un falso fiscal general socavan las instituciones democráticas de Honduras. El próximo fiscal general debe ser elegido con los 86 votos constitucionalmente requeridos.
“Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Honduras. El presidente Biden debería desplegar plenamente las herramientas autorizadas por el Congreso en virtud de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y otras autoridades legales para imponer sanciones a todos aquellos que busquen socavar la democracia en Honduras. Se debe respetar la voz del pueblo hondureño”.
En su cuenta en X del senador Marco Rubio, emitió una declaración conjunta con el senador Jim Risch, “condenando la continua represión del Presidente Xiomara Castro contra la separación de poderes en Honduras”, también apuntó que “el reciente asalto violento por parte de ‘colectivos’ contra miembros del Congreso Nacional de Honduras es profundamente preocupante”.
Además, subrayaron que «el próximo fiscal general debe ser elegido con los 86 votos constitucionalmente requeridos», refiriéndose a los intentos fallidos por elegir a ambos funcionarios que hubo en el Congreso Nacional a finales de agosto.
Fiscales interinos
Ante la falta de consenso y argumentando el onceavo numeral del artículo 208 de la Constitución, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, dominada por diputados oficialistas, nombró el pasado 1 de noviembre de manera interina a Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente, lo que generó controversia y rechazo de las bancadas contrarias.
Esta situación ha generado preocupación tanto en el Gobierno como en el Senado estadounidense.
En ese contexto, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, junto con otros funcionarios de alto rango de la Administración Biden, como Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, condenaron la decisión del Congreso Nacional en relación con la elección de las autoridades del Ministerio Público.
Incluso Frank O. Mora, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha unido a las voces de preocupación y ha cuestionado la acción tomada por el oficialismo hondureño.
Sin embargo, el partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), asegura que seguirá buscando consensos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público de manera permanente.
