TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Bajo un fuerte resguardo militar y abordo de una patrulla de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), trasladan a la exministra de Finanzas (2018-2020), Rocío Izabel Tábora Morales.
Tábora fue detenida por elementos de la Policía Militar en horas de la madrugada de este miércoles -15 de septiembre- según informó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
La extitular de Finanzas es acusada junto a la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores y otros funcionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), por la fraudulenta compra de siete Hospitales Móviles, cuyo monto ascendió 1,174 millones de lempiras.
La exfuncionaria fue trasladada de la Unidad Receptora de Detenidos (UNRED-PMOP), conocida como Core-7, ubicada en el barrio Los Dolores, hasta los juzgados de Criminalidad Organizada y Corrupción.
Tábora fue citada a su audiencia de declaración de imputado, que está programada para este miércoles a las 3:00 p.m.
En dicha comparecencia el juez asignado determinará si a la exfuncionaria se le dictará prisión preventiva o podrá defenderse en libertad.
A Tábora se le acusa de incumplir con los deberes del funcionario y fraude en contra de la administración pública.
Captura
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, aseguró que la exfuncionaria si se encontraba en la frontera de Guasaule, sin embargo, debido a la presión de las autoridades, decide entregarse de forma voluntaria.
“Ella estaba en la frontera, pero después de los diferentes allanamientos donde ella podía estar más la presión que hubo, cuando ella está en la frontera decide entregarse a la Policía Militar”, aseguró el portavoz de la Fiscalía.
Por su parte, el portavoz de la Policía Militar, José Coello, compareció ante los medios respecto al tema, para explicar cómo se llevó a cabo la captura de la exfuncionaria.
En primera instancia señaló que el requerimiento de Rocío Tábora obedeció a una orden de captura que se emitió en su contra y también de la exministra de Salud, Alba Consuelo Alvarado, el pasado 9 de noviembre.
“La orden de captura vigente obedece a los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública”, explicó Coello.
Coello señaló que la operación que se realizó fue rutinaria, y que en esta primaron los derechos humanos y el respeto a la integridad física de la requerida.
“No ha habido ningún forcejeo, todo ha sido de manera controlada”, reveló Coello.
